Tres juezas de la Corte Penal Internacional (CPI) presentaron una demanda contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su Gobierno en el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York. Kimberly Prost de Canadá, Solomy Balungi Bossa de Uganda y Reine Alapini-Gansou de Benín acusan a la administración estadounidense de aplicar represalias por las investigaciones sobre crímenes de guerra estadounidenses e israelíes.

La demanda señala como principal acusado a Donald Trump. El recurso legal incluye al secretario de Estado, Marco Rubio; al secretario del Tesoro, Scott Bessent; al fiscal general interino, Todd Blanche; a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y a su director, Bradley Smith. Los funcionarios notificados disponen de un plazo de 60 días para responder a la denuncia.

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La acción judicial de los miembros de la CPI ocurre luego de que Trump firmara una orden ejecutiva en febrero de 2025. Ese decreto declaró una emergencia nacional ante las investigaciones del tribunal internacional contra ciudadanos estadounidenses e israelíes por crímenes de guerra en Gaza y Afganistán. Previamente, en noviembre de 2024, la CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant.

El decreto presidencial estadounidense congeló activos y restringió viajes a ocho integrantes de la CPI. Las penalizaciones afectan a las tres juezas demandantes, al fiscal del organismo, Karim Khan, a sus dos adjuntos y a la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese. Las sanciones alcanzaron a las organizaciones palestinas de derechos humanos Al-Haq, el Centro Al-Mezan y el Centro Palestino de Derechos Humanos (PCHR).

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El texto de la demanda argumenta que las medidas restrictivas equivalen a una «pena de muerte financiera». La jueza Kimberly Prost denunció la congelación de su cuenta bancaria en Estados Unidos, el bloqueo de tarjetas de crédito y la cancelación o restricción de sus cuentas en firmas tecnológicas como Amazon, Google y Expedia. Su proveedor de seguro médico rechazó pagar reclamaciones médicas y otras compañías del sector le negaron cobertura.

James Goldston, coabogado de la jueza Prost, afirmó que Washington emplea estos mecanismos para incidir en las decisiones judiciales vinculadas a crímenes de guerra. El defensor sostuvo que intentan inducir a los magistrados a abstenerse de decidir con base en los hechos y el derecho, forzándolos a considerar amenazas a su bienestar financiero y personal.

Esta denuncia contra las presiones de Washington se suma a lo revelado en mayo por la exfiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda. La exfuncionaria expuso haber sido objeto de una campaña de coerción de varios años por parte del Mossad, la cual incluyó amenazas contra su vida para que abandonara la investigación de los crímenes de guerra israelíes en la Palestina ocupada.

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