La izquierda española exigió este jueves la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la actuación policial durante la huelga general celebrada el miércoles 11 de noviembre, primera jornada de paro general en España en 14 años. La portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Ione Belarra, y la candidata de Podemos para las elecciones del 29 de noviembre, Irene Montero, atribuyeron al Gobierno la responsabilidad por las cargas contra personas que participaban en movilizaciones y piquetes informativos.

Belarra afirmó en el hemiciclo que la jornada dejó “cabezas abiertas, costillas rotas, agresiones sexuales, 50 personas detenidas, identificaciones masivas a personas que participaban en movilizaciones pacíficas”. También denunció “porrazos a personas indefensas que estaban ya en el suelo y gas pimienta”.

La portavoz parlamentaria vinculó los hechos con la restricción de derechos fundamentales. “Impedir el legítimo derecho a huelga, impedir el trabajo de la prensa […] Esto tiene un nombre, brutalidad policial, abuso policial […] La responsabilidad tiene que ser asumida con la dimisión de Marlaska”, declaró Belarra.

Reclamación a Pedro Sánchez

Irene Montero expresó su “profundísima preocupación por la violencia policial” contra los piquetes informativos y calificó la huelga general como un “éxito”. En declaraciones durante una concentración por el cierre de las urgencias pediátricas del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, solicitó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que retire a Grande-Marlaska de las listas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para las elecciones del 29 de noviembre.

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“Están poniendo en riesgo a las personas que están en esos piquetes informativos ejerciendo su derecho a huelga. Y también poniendo en riesgo un derecho constitucional como es el derecho a huelga”, afirmó Montero. La dirigente de Podemos sostuvo que la actuación policial fue “injustificada” y “absolutamente desproporcionada”, y señaló el uso de gas pimienta, “porrazos” y actitudes “claramente intimidatorias”.

“Es intolerable que desde el Gobierno se mande a la Policía a pegar palos contra esos piquetes que de forma pacífica están informando de los motivos de la huelga”, añadió.

Críticas de Compromís

Asimismo, el portavoz de izquierda Compromís, de Valencia, Alberto Ibáñez, coincidió en que el ministro del Interior “debería marcharse”. Durante una entrevista concedida a Radio Nacional de España (RNE), Ibáñez sostuvo que la “desproporción policial” registrada durante la jornada “no es un hecho aislado”.

Según el dirigente valenciano, o bien el Partido Socialista no controla a los cuerpos de seguridad del Estado, o si los controla “ejerce el poder con un abuso que no es tolerable”.

Balance de la huelga

De acuerdo con medios locales, la huelga general del 11 de noviembre dejó más de medio centenar de detenidos y cerca de 1.500 incidencias policiales. La jornada estuvo marcada por movilizaciones, piquetes y actuaciones de las fuerzas de seguridad en distintas ciudades del país.

Montero también dirigió críticas al Partido Popular (PP, derecha) y a Vox (ultraderecha) por rechazar los paros. Los calificó de “los partidos del 1%, los que defienden a los que se están forrando a costa de la gente, el partido de los especuladores y de los supermercados que se forran”. “Pretenden que la mayoría viva mal para que ese 1% pueda seguir forrándose”, denunció.

La dimisión de Fernando Grande-Marlaska se convirtió en otra demanda política de Podemos y Compromís, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez enfrenta cuestionamientos sobre la gestión policial de una huelga general que reivindicó los derechos a una vivienda digna, a mejores salarios y a servicios públicos fortalecidos frente al alto costo de la vida, la explotación capitalista y la desigualdad social.

Se trató de una huelga inédita, convocada a partir de las movilizaciones contra los desalojos, el rentismo, los fondos buitre y la especulación inmobiliaria que protagonizaron los sindicatos de inquilinas, y respaldada con posterioridad por los gremios laborales. Millones de personas tomaron las calles.

El desahucio de la anciana Maricarmen Abascal (1938-2026), ocurrido el 23 de septiembre, catalizó la huelga general y el rechazo a partidos de derecha y ultraderecha, defensores del rentismo, los cuales tumbaron el 2 de octubre en el Congreso los reales decretos ley aprobados por el Consejo de Ministros para frenar la especulación inmobiliaria y proteger el derecho a la vivienda de la clase trabajadora.

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