La directora ejecutiva del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, inglés), Jodie Ginsberg, denunció que Israel se convirtió en el mayor asesino de periodistas desde que la organización inició sus registros en 1992.

Las declaraciones responden a una nueva jornada de ataques israelíes que este miércoles acabó con la vida de tres profesionales de la prensa en Gaza y Líbano mientras violaba los acuerdos de alto el fuego en ambos territorios. En la Franja de Gaza, un ataque con drones israelíes impactó el vehículo de Mohammed Samir Washah, corresponsal de Al Jazeera, en la ciudad de Gaza. Ginsberg calificó el hecho como un «asesinato selectivo», una práctica israelí que el CPJ documenta de manera constante desde octubre de 2023.

Simultáneamente, bombardeos israelíes en territorio libanés provocaron la muerte de Ghada Dayekh, presentadora de Sawt Al-Farah, y de Suzan Khalil, reportera de Al-Manar TV y Al-Nour Radio. Estas agresiones ocurrieron en el marco de una escalada de más de 100 ataques lanzados por Tel Aviv este miércoles contra el Líbano, ignorando el anuncio de alto el fuego con Irán que hizo el presidente Donald Trump.

El CPJ contabiliza al menos 260 periodistas y trabajadores de medios asesinados en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí cona la Franja, en octubre de 2023. En Líbano, la cifra asciende a siete en las últimas semanas. La organización subraya que el objetivo deliberado de civiles constituye un crimen de guerra, según el derecho internacional humanitario.

«Los periodistas son civiles y nunca deberían ser blanco de una guerra. Israel busca controlar la información que recibimos fuera de Gaza sobre lo que ocurre allí», afirmó Ginsberg.

Sara Qudah, directora regional del CPJ, advirtió sobre el fracaso sistemático de las protecciones básicas para la prensa. La organización instó a la comunidad internacional a iniciar investigaciones judiciales independientes e imparciales, ante la negativa de Israel de procesar los crímenes cometidos por su ejército.

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La organización exige que la cadena de mando de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) rinda cuentas por lo que califica como un ataque directo a la libertad de prensa global y un intento de silenciar la información independiente mediante la violencia.

Israel mantiene la ocupación permanente de la Franja de Gaza mediante corredores militares que fragmentan el territorio. El objetivo es desmantelar el gobierno palestino, destruir la infraestructura vital y establecer perímetros de seguridad dentro del enclave, que desde los últimos meses de 2023 ha sido escenario de un genocidio denunciado internacionalmente.

En Líbano, la invasión terrestre busca imponer una zona de control militar en una franja de territorio del país. Israel aplica el uso de fuerza desproporcionada contra barrios civiles, con bombardeos y demoliciones, para forzar el desplazamiento a la población.

El ataque sistemático contra la prensa se ha convertido en una herramienta estratégica de Israel. Al eliminar a periodistas y silenciar medios de comunicación, el Gobierno de Benjamin Netanyahu busca controlar la narrativa global y limitar la documentación de posibles crímenes de guerra. Esta política facilita la continuidad de los bombardeos sobre zonas residenciales sin el costo político de la presión internacional inmediata.

El CPJ pide una acción internacional urgente para garantizar la protección de los periodistas y detener los ataques continuos contra la prensa. A la vez, reitera su llamamiento a las autoridades internacionales para garantizar que todos los casos de asesinatos selectivos de la prensa sean investigados de forma independiente e imparcial como crímenes de guerra, dada la «falta de voluntad de Israel para investigar y procesar crímenes cometidos por su ejército». 

«Los responsables, desde los individuos de las unidades de las Fuerzas de Defensa de Israel hasta el nivel más alto de la cadena de mando, deben rendir cuentas», señaló el Comité de Protección de Periodistas en un comunicado.

«El asesinato de periodistas en Gaza y Líbano hoy no es incidental: forma parte de un ataque más amplio a la libertad de prensa. La comunidad internacional debe actuar ahora para detenerlo», concluyó.

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