Las fuerzas militares israelíes y grupos de colonos extremistas desencadenaron una severa escalada de violencia en la Cisjordania ocupada y Jerusalén Oriental a través de redadas nocturnas masivas, arrestos arbitrarios, ataques a santuarios religiosos y la demolición sistemática de infraestructuras civiles, y de ese modo continuaron configurando un patrón de agresión que vulnera de manera estructural el derecho internacional humanitario.

En una operación desplegada durante la madrugada, las tropas de ocupación irrumpieron en localidades cisjordanas como Tulkarem, Yenín, Hebrón, Belén, Nablus, Tubas y Ramallah. La redada dejó decenas de palestinos detenidos, entre ellos exprisioneros liberados como Mahmoud Abu Sel y Atta Hazem Al-Rimawi, y causó heridas a civiles por disparos en Qabatiya.

La práctica reiterada de detenciones arbitrarias y el uso inadecuado de la fuerza armada contra la población bajo ocupación vulneran flagrantemente el IX Convenio de Ginebra.

Paralelamente, la violencia institucional se manifestó en el sur del territorio ocupado con la destrucción de viviendas pertenecientes a 80 familias en la aldea de Dahiya. El uso de maquinaria pesada para arrasar estas estructuras dejó a decenas de personas en la intemperie.

Esta destrucción de propiedad privada e infraestructura residencial constituye una violación directa del artículo 53 del IV Convenio de Ginebra y califica explícitamente como crimen de guerra por ejecutar actos de castigo colectivo y desplazamiento forzado de población civil.

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En la Jerusalén ocupada, la violencia militar se articuló con la agresión religiosa mediante la irrupción masiva de colonos extremistas en la Mezquita de Al-Aqsa. Bajo el amparo y custodia de la policía y soldados de la entidad sionista, los asaltantes realizaron recorridos provocadores y rituales talmúdicos en la explanada del recinto sagrado.

Esta acción representa una acto grave de profanación y una escalada deliberada contra los santuarios islámicos, lo cual infringe la Convención de La Haya para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado y el status quo histórico del lugar sagrado.

Confinamiento forzoso y asedio

En el sector de las colinas del sur de Hebrón, la violencia se materializa de forma extendida en la aldea de Wadi al-Rahim, donde la familia Shinaran, integrada por cinco adultos y cinco niños, permanece bajo un estricto asedio impuesto por colonos judíos armados.

Los agresores bloquearon las salidas del hogar, lanzaron piedras, destruyeron la bomba de agua, quemaron vehículos e intentaron incendiar la puerta del garaje con los habitantes dentro. Durante mas de una semana mantuvieron a la familia atrapada en un confinamiento forzoso.

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El acoso a la familia Shinaran ha cercenado completamente sus condiciones básicas de subsistencia. Los residentes no pueden acceder a sus reservas de agua potable ni a alimentos sin someterse a una compleja coordinación humanitaria delegada a las fuerzas ocupantes.

Este asedio prolongado y deliberado contra una familia civil constituye un crimen de guerra al atentar directamente contra la vida, la integridad física y el acceso a suministros vitales de personas protegidas en territorio ocupado.

Las grabaciones reveladas por medios como el periódico Haaretz confirman la complicidad absoluta de las fuerzas militares israelíes, cuyos efectivos han sido filmados rezando junto a los colonos y permitiéndoles difundir música a todo volumen frente a la vivienda sitiada.

A pesar de que la zona ha sido declarada área militar restringida, las tropas no frenan a los agresores ni garantizan la protección de los civiles, contraviniendo el deber del poder ocupante de mantener el orden y proteger a la población oprimida.

La estrategia de hostigamiento no es un hecho aislado, sino una política coordinada de expolio que se ha repetido contra otras comunidades, como la familia Tubasi en Jalud, cuya vivienda fue atacada por una turba de más de 100 colonos que incendiaron propiedades, y la familia Ridi en Qusra.

La instalación recurrente de puestos de avanzada (outposts) ilegales sobre terrenos de propiedad palestina busca alterar irreversiblemente la demografía del territorio, despojando a la población autóctona de sus derechos territoriales soberanos consagrados en las resoluciones de las Naciones Unidas.

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Desde la perspectiva del derecho internacional, el establecimiento y la expansión de asentamientos y puestos de avanzada en la Cisjordania ocupada representan una violación flagrante del artículo 49 del IV Convenio de Ginebra, el cual prohíbe taxativamente a la potencia ocupante transferir partes de su propia población civil al territorio que ocupa.

Dichas acciones conllevan la confiscación ilegal de tierras, quebrantan la inalienabilidad de los derechos territoriales palestinos y están tipificadas como crímenes de guerra bajo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Informes de medios de prensa advierten que esta campaña de intimidación y violencia responde al respaldo explícito del Gobierno de Benjamin Netanyahu, en el marco de la carrera electoral hacia el Knesset (Parlamento).

Alentados por un clima de impunidad estatal, los grupos de colonos aceleran la colonización y judaización de Cisjordania para consolidar hechos consumados sobre el terreno, liquidando de forma sistemática la contigüidad territorial palestina y transgrediendo las normas fundamentales de la comunidad internacional.

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