El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán calificó de “criminal e ilegal” la orden de detención emitida por un tribunal del estado de Florida, Estados Unidos, contra el expresidente cubano Raúl Castro, de 95 años.

​A través de un comunicado oficial, la Cancillería iraní condenó la política de hostilidad y las medidas coercitivas unilaterales impulsadas por la Administración del presidente estadounidense Donald Trump, señalando que la intimidación a dirigentes políticos termina golpeando directamente a la población civil.

​“La política de sanciones, presión e intimidación que se aplica contra el pueblo cubano desde hace más de siete décadas viola la Carta de las Naciones Unidas y contraviene los principios y las normas del derecho internacional y los derechos humanos”, enfatizó el organismo iraní, exigiendo al Gobierno de Washington rendir cuentas por las devastadoras consecuencias de estas acciones.

​Asimismo, la República Islámica subrayó la urgencia de respetar la soberanía nacional, la independencia y el derecho inalienable del pueblo cubano a la autodeterminación.

​Reapertura de la causa a tres décadas del incidente de 1996

​La reacción de Teherán se produce luego de que el fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunciara la obtención de una orden de arresto estatal contra Castro por presunta conspiración para cometer asesinato en primer grado. 

Las autoridades estadounidenses buscan procesarlo al vincularlo con la cadena de mando que autorizó en 1996 el derribo de dos avionetas de la organización «Hermanos al Rescate», en el que murieron cuatro residentes en Florida.

​Esta acción a nivel estatal se suma a la imputación presentada en mayo pasado por la justicia federal estadounidense. La reactivación del expediente casi tres décadas después coincide con una fase de intensificación de las sanciones y bloqueos impulsados por la Casa Blanca contra La Habana.

​La postura de La Habana y el impacto del bloqueo

​Frente a las acusaciones de Washington, las autoridades cubanas sostienen que la actuación de la isla en 1996 estuvo amparada por el derecho a la legítima defensa y la protección de la soberanía aérea, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el Convenio de Chicago de 1944.

​El Gobierno cubano ha denunciado de manera reiterada que estas maniobras judiciales forman parte de un intento por justificar la continuidad de la asfixia económica sobre la isla. 

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Según datos oficiales de La Habana, los daños acumulados por el bloqueo económico, comercial y financiero entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026 alcanzaron la cifra récord de 8.083 millones de dólares, lo que representa un incremento del siete por ciento en comparación con el período anterior.

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