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Fecha de publicación 8 diciembre 2018 - 01:44 PM

Por Maria Fernanda de la Quintana*
La Resolución 956/2018 firmada el 27 de noviembre por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich vulnera e involucra gravemente la seguridad física de todos los ciudadanos.
El nuevo protocolo autoriza el uso de armas de fuego frente a cualquier “peligro inminente” de muerte o peligro grave, se podría disparar sin la necesidad de dar la voz de alto, ante una presunta sospecha, o ante una aparente fuga de quien representara un peligro amenazador.
La Resolución emitida dentro del marco del G20 desnuda la intención de establecer dicho método como política de estado.
Este nuevo Protocolo se da en un contexto de suma conflictividad social, donde la política de ajuste, el schok de precios, el aumento de tarifas y la caída de salarios, no da escapatoria a los trabajadores y menos a los sectores más vulnerables, en el que además no solo aumenta el carácter represivo interno, sino que se crean fantasmas y amenazas, para justificar el despliegue de fuerzas de seguridad y militarizar territorios.
La exacerbación del modelo represivo implica accionar fuera del marco del código penal. Dando lugar a irregularidades que habilitarían el uso de armas de fuego en situaciones que por demás no están amparadas dentro de dicho marco. Teniendo en cuenta que se trata de funcionarios que se encuentran autorizados para portar armas de fuego y dada su “profesionalidad” debe exigírseles más precaución en la necesidad de la defensa, ya que se supone que disponen de los conocimientos, y medios técnicos para hacer una aplicación menos violenta de estos recursos.
El Gobierno desarrolla este experimental en el horizonte de las elecciones del 2019, donde trata de apoderase del Bolsonarismo Argentino o sea un sector minoritario pero importante que sustenta fuertes ideas fascistas, pero con la debilidad que tiene el hecho de que la preocupación por parte de la ciudadanía sobre el tema de la seguridad, es un tema menor frente al tema económico y social, que más preocupación alcanza.
La aplicación a rajatabla del Fondo Monetario Internacional que aún no se ha puesto en práctica, implica una represión inevitable de las crecientes protestas y medidas de intimidación y disciplinamiento, como la posibilidad de ser asesinado por las fuerzas represivas sin que tengan que dar cuenta de tal accionar.
Coherente con su trayectoria la administración Macri agrega una vuelta más de tuerca a su cada vez más indistinguible accionar respecto a un camino de corte claramente fascista.
*Periodista.  Licenciada en Ciencias y Humanidades.
Especializada en “Bioética y Derechos Humanos en América Latina”.

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