El próximo 23 de abril, la comunidad universitaria protagonizará una movilización que finalizará frente a la Casa Rosada, sede del Gobierno nacional argentino, en repudio al recorte financiero contra el sector.  La protesta, a su vez, tendrá expresión federal: estudiantes resolvieron «marchar o movilizar en cada universidad del país para que en cada territorio se exprese el apoyo a la universidad pública».

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Por su parte, el mandatario Javier Milei consideró en una reciente conferencia que la educación pública “ha hecho muchísimo daño lavando el cerebro de la gente” y, en la red social X, manifestó que le gusta una publicación que señala que salvo las carreras de ciencias duras, el resto son inútiles.

Más allá de las consideraciones del economista y actual presidente argentino, según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el presupuesto asignado este año para el Programa Desarrollo de la Educación Superior, que explica más del 90 por ciento de los recursos asignados al sistema universitario nacional, es un 72 por ciento más bajo que en 2023 debido al congelamiento del presupuesto definido por la Administración Milei.

Es decir, los fondos destinados a financiar la educación superior de parte del Estado se mantuvieron igual al año pasado, pero en el medio hubo una inflación del 287,9 por ciento, según cifras oficiales.

A su vez, el estudio señala un particular ensañamiento con esta área de la inversión pública. La ACIJ refiere que, durante el primer trimestre, la ejecución del financiamiento a las universidades cayó un 34,4 por ciento, una cifra mayor a la caída promedio del gasto público, que fue del 30 por ciento considerando el resto de los sectores.

Las consecuencias del ajuste

Durante el plenario de rectoras y rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el rector de la Universidad Nacional de Villa María, Luis Negretti, indicó que más de un tercio de las 73 instituciones universitarias de todo el país allí presentes “ni siquiera podemos cubrir los gastos salariales de nuestra planta”.

“Tenemos un déficit para pagar salarios, la luz eléctrica, alquileres y otros servicios como comedores, becas y las obras que han sido suspendidas. También en el transporte entre las diferentes sedes, la limpieza, los espacios verdes, el mantenimiento, el equipamiento y la conectividad. ¿Qué universidad del mundo puede carecer de la conectividad necesaria?”, continuó la autoridad universitaria.

Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Guillermo Durán, consideró que si se tienen en cuenta los aumentos en servicios como la luz y el gas, su centro de estudios podrá “funcionar un tercio del año, hasta abril o mayo”.

Los trabajadores también se ven perjudicados por el ajuste. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, señaló que los salarios del personal educativo “han perdido un 35 por ciento de su poder adquisitivo en solo cuatro meses”.

Lucha

La respuesta definida por todos los sectores vinculados a las universidades es la convocatoria al paro y a una movilización para el próximo 23 de abril, con la recomposición salarial y el aumento presupuestario como principales reclamos.

“La crudeza de la situación universitaria y del sector de ciencia y tecnología, y su aceleración motivada por las políticas del Gobierno del presidente Milei exigen respuestas rápidas y articuladas por parte de la comunidad universitaria”, precisa el comunicado conjunto emitido por el frente sindical, del que agrupa todos los gremios del sector; la federación de estudiantes; y el antes mencionado CIN, del que participan todas las autoridades a nivel nacional.

No es la primera acción de este tipo. El pasado 14 de marzo, la totalidad de las instituciones universitarias se apegaron a la huelga convocada por sindicatos docentes y “no docentes” a nivel nacional con el respaldo de las tres centrales obreras del país. Del mismo modo, el 10 y 11 de abril se realizó un paro de 48 de la docencia universitaria y preuniversitaria.

Cuidemos lo que funciona

La Universidad de Buenos Aires lanzó una acción para esclarecer sobre la difícil situación económica que está atravesando y llama a la ciudadanía a manifestarse en contra del congelamiento presupuestario para esclarecer sobre la difícil situación económica que está atravesando y llamar a la ciudadanía a manifestarse en contra del congelamiento presupuestario.

Como parte de la campaña, la mencionada casa de estudio difundió una comparación con las dos universidades públicas más grandes de Latinoamérica, la Universidad de Sao Paulo (USP) y la Autónoma de México (UNAM). La primera tuvo en 2023 un presupuesto por alumno de 15.000 dólares anuales, mientras que la UNAM, en tanto, gasta 7.968 dólares. Las cifras de la UBA son mucho más bajas: en 2023 dispuso de 1.123 dólares por estudiante.

A pesar de eso, la Universidad de Buenos Aires (UBA) es un emblema de la educación argentina en el mundo, de allí surgieron cinco premios Nobel, y está ubicada entre las 100 mejores a nivel mundial. Esta semana se conoció que un nuevo ranking de la consultora británica Quacquarelly Symonds (QS) la coloca entre las 50 mejores del mundo en Artes y Humanidades y en seis áreas de estudio como Lenguajes Modernos, Antropología, Derecho, Ingeniería del Petróleo, Sociología y Diseño.

Donde los pobres pueden ser doctores

La educación superior es gratuita en Argentina desde 1949, cuando el entonces presidente Juan Domingo Perón suspendió el cobro de los aranceles universitarios. Desde entonces, ha sido símbolo de la movilidad ascendente y de la igualdad de oportunidades para todos aquellos que deseen desarrollar sus estudios.

En noviembre de 2023, a pocos días de que Milei sea electo como presidente, la CIN emitió un comunicado en donde destacaba que “las universidades públicas argentinas estuvieron siempre. En los momentos de crecimiento y en las crisis. A pesar de estos vaivenes, en los últimos 40 años, desde el retorno de la democracia a la Argentina, el sistema universitario se expandió como nunca: hay una o más universidades en todas las provincias. De los 300.000 estudiantes universitarios en 1983 se pasó a más de 2.000.000 en 2023”. 

También se incrementó la inclusión de los sectores populares a la educación superior. Durante el período 2003-2015, bajo los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, fueron creadas diez universidades en los grandes conglomerados urbanos de la provincia de Buenos Aires, donde se encuentra la mayor cantidad de población de bajos recursos.

Gracias a esa política, en el período 2008-2015 la matrícula en universidades nacionales en el quintil más pobre del Conurbano creció un 47 por ciento, y el quintil siguiente (quintil 2), creció un 95 por ciento. Por otra parte, el quintil de más altos ingresos (quintil 5) creció un 21 por ciento.

A su vez, en 2016, en la Universidad Nacional de Moreno (UNM) la cifra de primera generación de universitarios en sus familias alcanzó un 91 por ciento; en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), el 74 por ciento; mientras que en 2017 en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) el 93 por ciento de los alumnos era considerado primera generación universitaria. 

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