El retorno a Honduras del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico y posteriormente indultado por el presidente Donald Trump, reavivó el debate sobre la impunidad, la corrupción y los vínculos entre el poder político y el crimen organizado en el país centroamericano.

Para diversos analistas, su regreso no marca el cierre de un episodio, sino que reabre una crisis institucional caracterizada por la captura del Estado y el fortalecimiento de estructuras ligadas al narcotráfico.

El diputado Fabricio Sandoval recordó que Hernández fue sentenciado en Nueva York a 45 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico y posteriormente recibió un indulto del presidente estadounidense Donald Trump.

El legislador también cuestionó al mandatario norteamericano, al señalar que mantiene un historial de vulneraciones a los derechos humanos y a la Carta de las Naciones Unidas, en referencia a acciones contra Irán, Yemen, Venezuela y operaciones en el mar Caribe.

Para especialistas, el retorno del exgobernante representa una prueba decisiva para el sistema judicial hondureño, señalado durante años por favorecer la estructura de poder consolidada durante la administración de Hernández.

Advirtieron que, si la Justicia no actúa con independencia en las causas que aún enfrenta el exmandatario por presunto fraude y lavado de activos, se fortalecerá la percepción de que la impunidad continúa protegiendo a quienes utilizaron las instituciones del Estado para mantenerse en el poder.

La experta en derecho Alexa Solórzano sostuvo que el indulto y el regreso de Hernández transmiten un mensaje que normaliza el narcotráfico y la corrupción, además de reforzar la idea de que la justicia actúa de forma selectiva, beneficiando a quienes poseen poder político o recursos económicos suficientes para evitar sanciones.

El retorno del exmandatario también genera interrogantes sobre sus verdaderos objetivos políticos. Diversos sectores consideran que su presencia podría favorecer la reactivación de las redes de influencia construidas durante su gestión, mientras aumentan las expectativas por nuevas revelaciones relacionadas con el denominado Honduras Gate, cuyos audios han alimentado denuncias sobre una presunta reconfiguración del poder político.

Por su parte, el analista Elvin Trejo advirtió que la presencia de Hernández podría profundizar la polarización política y social en Honduras. A su juicio, el exmandatario conserva una importante capacidad de liderazgo, tanto entre sus simpatizantes como mediante las estructuras de presión y poder que fueron construidas durante su administración con el respaldo de grupos vinculados a la criminalidad organizada.

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Más allá del indulto otorgado en Estados Unidos, Hernández regresa a un país donde aún permanecen abiertas investigaciones y demandas de justicia relacionadas con denuncias de corrupción, abuso de poder, violaciones a la Constitución y presuntos delitos financieros.

El próximo 3 de agosto, Hernández deberá comparecer ante la justicia hondureña, en una audiencia que analistas consideran una prueba de fuego para el sistema judicial. El desarrollo de ese proceso permitirá determinar si prevalece una justicia selectiva para quienes ostentan poder o si las instituciones actuarán con independencia frente a las acusaciones por presunta malversación de fondos públicos y violaciones a la Constitución.

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