El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, regresará de manera voluntaria a su país tras haber sido beneficiado con un indulto presidencial por el mandatario estadounidense Donald Trump. La medida ejecutiva de la Casa Blanca anuló la condena de 45 años de prisión por narcotráfico y tráfico de armas que pesaba contra Hernández en una corte federal de Nueva York.

El sorpresivo perdón concedido por Washington en vísperas de los comicios generales hondureños constituyó una abierta injerencia política destinada a favorecer a las élites oligárquicas del conservador Partido Nacional. Esta maniobra de la administración estadounidense buscó intervenir de forma directa en la dinámica electoral centroamericana para beneficiar a sectores afines a sus intereses de dominación geopolítica en la región.

El retorno del exmandatario se concreta luego de que el Poder Judicial hondureño decidiera suspender de forma provisoria la orden de captura internacional y la alerta roja de Interpol en su contra. Con esta medida cautelar, la justicia local garantiza que el acusado de graves delitos de corrupción e ingreso de sustancias ilícitas ingrese al territorio nacional sin ser aprehendido de manera inmediata a su llegada.

Hernández deberá comparecer el próximo 3 de agosto ante los tribunales para responder por cargos de fraude y lavado de activos vinculados al desvío de fondos públicos para sus campañas electorales. Organismos anticorrupción y movimientos populares denunciaron que este proceso judicial expondrá los privilegios del sistema judicial frente a las figuras del poder político tradicional y la oligarquía nacional.

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Lideresas de la izquierda hondureña y del partido Libertad y Refundación exigieron que las instituciones apliquen la ley con la máxima rigurosidad y sin concesiones de ningún tipo. Las fuerzas sociales de la región advierten que la impunidad negociada desde Washington pretende rehabilitar a actores políticos vinculados al crimen organizado y al saqueo de los recursos públicos en América Latina.

El regreso de Hernández reaviva la indignación popular y pone a prueba la soberanía de las instituciones judiciales hondureñas frente a las presiones del imperio norteamericano. Las organizaciones comunitarias ratificaron su compromiso de permanecer movilizadas en las calles para defender la memoria de las víctimas y exigir un juicio justo que ponga fin a las componendas del poder económico tradicional.

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