El sector del transporte público en Honduras se encuentra al borde del colapso operativo y amenaza con convocar a un paro nacional de labores ante el incremento de la violencia, las amenazas de muerte y el cobro sistemático de extorsiones. 

De acuerdo con la denuncia de los dirigentes del rubro y conductores, la situación se ha vuelto insostenible, mientras las respuestas gubernamentales se reducen a reestructuraciones institucionales que aún no muestran resultados concretos en las calles.

Según los testimonios de los propios trabajadores de la industria, las unidades de transporte llegan a pagar entre 3.000 y 7.000 lempiras semanales, aproximadamente 300 dólares, por cada vehículo para poder operar en diversas rutas de la capital y otras regiones del país. 

En muchos casos, los transportistas deben tributar de manera simultánea a hasta siete estructuras criminales o pandillas diferentes, lo que ha forzado el cierre de varias empresas y la renuncia de decenas de choferes.

​Testimonios del miedo y un costo insostenible

​Un conductor con más de 28 años de experiencia en el rubro, cuya identidad se mantiene bajo reserva por razones de seguridad, relató el clima de terror que se vive a diario en las terminales. 

El trabajador recordó episodios trágicos en los que cobradores y motoristas han sido asesinados a tiros dentro de las propias unidades por el incumplimiento o retraso en las cuotas. 

Según el afectado, la recomendación entre los mismos empleados es priorizar la vida y pagar a los delincuentes, aun cuando eso signifique sacrificar la totalidad de sus ingresos familiares.

​Esta presión económica ha provocado que numerosas rutas queden desprotegidas y que empresarios prefieran retirar sus flotas del servicio. La crisis de movilidad golpea directamente a la ciudadanía que no cuenta con vehículo propio, la cual además enfrenta opciones limitadas de transporte tras la reciente prohibición de operar a las plataformas de taxis por aplicación en el país.

​Billeteras electrónicas y control desde las cárceles

​Por su parte, dirigentes del sector transporte como Jorge Lanza explicaron que las dinámicas de la extorsión han mutado hacia mecanismos tecnológicos más sofisticados que dificultan la investigación policial. 

Las llamadas extorsivas continúan realizándose de manera impune desde el interior de los centros penales del país, al tiempo que las exigencias de dinero ya no se efectúan mediante cobros en efectivo, sino a través de transferencias a billeteras electrónicas.

Afirman que, al rastrear los números y las cuentas receptoras, las identidades asociadas suelen corresponder a personas fallecidas o a registros falsos. 

A este panorama se suma la proliferación del mercado informal de tarjetas SIM o chips telefónicos, los cuales se comercializan en las calles sin ningún tipo de control gubernamental, permitiendo que las bandas adquieran múltiples líneas por costos mínimos para continuar delinquiendo. 

Asimismo, el dirigente cuestionó que los operativos policiales se limiten a capturar a los recolectores menores, quienes reciben pagos marginales, dejando intactas a las cúpulas que administran millonarias sumas semanales.

​Debate por la reestructuración policial y llamado de emergencia

​La escalada violenta coincide con las críticas del sector hacia la decisión del actual Gobierno de disolver la anterior unidad policial especializada contra la extorsión. 

Pese a que las autoridades anunciaron la creación de un nuevo esquema de investigación criminal, representantes gremiales señalan que tras seis meses de gestión no se perciben avances ni reducción de los índices delictivos.

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​Ante los cuestionamientos, el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, aclaró que la respuesta estatal contempla la conformación de la Agencia Nacional contra el Crimen, coordinada bajo la estructura del Consejo Nacional de Defensa, así como una división especializada dentro de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) dedicada a combatir asociaciones terroristas y extorsivas. 

No obstante, los transportistas enfatizaron que el problema no se resuelve cambiando nombres a las instituciones, sino garantizando inteligencia eficiente, control penitenciario real y el cese de las amenazas, advirtiendo que de no recibir respuestas inmediatas suspenderán el servicio a nivel nacional.

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