Ismael «El Mayo» Zambada García fue formalmente sentenciado a cadena perpetua y a la confiscación de 15 mil millones de dólares, tal como se había acordado después de que se declaró culpable de múltiples cargos de narcotráfico y cedió su derecho a un juicio.

La audiencia se llevó a cabo en el Tribunal Federal del Distrito Este de Brooklyn, bajo la presidencia del juez federal Brian Cogan, el mismo magistrado que presidió los juicios de Joaquín «El Chapo» Guzmán y de Genaro García Luna.

Durante la diligencia, el juez Cogan se refirió a los cargos, las penas correspondientes y las implicaciones de la declaración de culpabilidad. Zambada, vestido con su uniforme de reo y sin expresar ninguna reacción física, fue interrogado sobre si comprendía las consecuencias y si tenía algo que declarar.

Al respecto, el sentenciado respondió textualmente: “acepto la responsabilidad de lo que hice, lo que hice estuvo mal”. Además, agregó que “acepto mi castigo” y expresó su deseo de que sus palabras lograran llevar a que otros no sigan en la vida del crimen, sentenciando que “La violencia debe de acabar en México…. Nadie gana en este tipo de guerra”.

Tras la solicitud de sus abogados defensores, encabezados por Frank Pérez, el juez recomendó al Buro de Prisiones colocarlo en una instalación penal que cuente con los servicios médicos requeridos para sus condiciones físicas y mentales.

La sentencia no necesariamente marca el fin de la odisea legal para el exlíder del Cártel de Sinaloa. Aunque su defensa reiteró que Zambada no buscó cooperar para una reducción de su condena ni informó a miembros de su organización o funcionarios del gobierno mexicano, no se descarta una posible cooperación futura.

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El Departamento de Justicia podría ofrecerle un acuerdo para la elaboración de expedientes contra criminales, exfuncionarios, políticos, militares y policías en México a cambio de una eventual reducción de su sentencia. Su defensa enfatizó que, al aceptar la culpabilidad desde el inicio, le ahorró al gobierno millones en gastos y evitó presentar evidencias y testigos en un juicio abierto.

El fiscal federal Joseph Nocella destacó en una carta que “por décadas, el acusado fue uno – y tal vez el mayor – de los narcotraficantes más prolíficos y poderosos en el mundo”, y que pagó millones en sobornos a todos los niveles del gobierno mexicano, destacando el caso del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.

Otro de los puntos centrales del proceso fue la forma en que el narcotraficante llegó a manos de las autoridades. Mientras que la versión oficial estadounidense limita su arresto al 25 de julio de 2024 en el Aeropuerto de Santa Teresa, en el condado de Doña Ana, Nuevo México, la defensa ofrece una narrativa distinta. Según la biografía entregada a la corte, Zambada fue atraído a una reunión bajo la premisa de actuar como mediador para resolver diferencias entre funcionarios electos de Sinaloa.

La defensa asegura que en dicha reunión fue golpeado, atado, secuestrado y llevado a un avión privado por Joaquín Guzmán López, hijo del «Chapo» Guzmán, para ser trasladado a Estados Unidos. Posteriormente, el caso fue trasladado de Texas a Nueva York, y el acusado decidió declararse culpable el 25 de agosto de 2025.

La biografía presentada por la defensa indica que el sentenciado tiene 76 años de edad, nació en una familia de campesinos y solo estudió la primaria. Trabajó en la carnicería de su tío hasta que a los 19 años fue introducido al narcotráfico por un amigo, escalando hasta el liderazgo del Cártel de Sinaloa.

Se reporta que tiene 16 hijos, con edades que oscilan entre los 6 y los 55 años. Al concluir la sesión, altos funcionarios del gobierno de Donald Trump se auto-congratularon, repitiendo afirmaciones de que “nadie está fuera del alcance de la justicia estadunidense”.

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