El Gobierno de Chile está intentando impulsar una reforma a un proyecto de ley que obligue a las instituciones educativas y sanitarias a proporcionar información sobre migrantes irregulares a las autoridades con el fin de que su expulsión sea más fácil, según reportaron medios locales este jueves.

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El Ejecutivo del ultraconservador José Antonio Kast, en una sesión parlamentaria para evaluar un proyecto de ley que mejora el proceso de expulsiones administrativas, presentó hace unos días la indicación legislativa.

Según el texto, «todo órgano de la Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud público o privado, o establecimiento de educación público o privado, estarán obligados a entregar a la autoridad administrativa migratoria y contralora los antecedentes que éstas requieran«.

De acuerdo con la instrucción, «el domicilio, teléfono, correo electrónico y demás datos pertinentes de extranjeros que sean objeto de procedimientos migratorios en tramitación» son antecedentes incluidos.

Por otra parte, en Chile residen hoy más de 330.000 extranjeros en condiciones irregulares, siendo la mayor parte de ellos venezolanos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En una conferencia de prensa celebrada este jueves, Kast fue consultado acerca de la indicación y afirmó que es necesario «ordenar» las prestaciones sociales que proporciona el Estado. Además, sostuvo que «la única manera de ordenar es saber quiénes utilizan los distintos servicios públicos».

De igua manera, «la cantidad de pacientes que se atienden en los consultorios, donde el per cápita no alcanza para generar todas las prestaciones, es importante, tenemos que ordenarlo. En el tema de la educación es lo mismo», indicó el presidente, quien el pasado diciembre ganó las elecciones con un mensaje de mano dura contra la migración irregular, a la que vincula con el incremento de delitos.

El Ministerio del Interior afirmó en una declaración posterior dirigida a los medios que «nadie va a estar persiguiendo a niños porque están protegidos conforme al Derecho Internacional«.

Asimismo, resaltó que se trata de obtener la información que los centros educativos tengan «respecto a los adultos responsables«.

La cartera añadió: «No estamos diciendo que se van a iniciar procedimientos exhaustivos de chequeo en todos los organismos que la ley posibilite, sino, simplemente se trata de tener la posibilidad de acceder a cierta información, quizás de una manera más específica, más puntual, en vez de un requerimiento masivo«.

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