El Gobierno cubano avanza en la ejecución del plan de transformaciones socioeconómicas anunciado a mediados de año, según informó el primer ministro Manuel Marrero.

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De igual manera, añadió que actualmente se encuentra en fase de implementación el 89 por ciento de las 176 reformas aprobadas en junio pasados, respaldadas legalmente mediante 197 normas jurídicas emitidas por el Ejecutivo.

El conjunto de reformas, estructurado en 23 ejes temáticos, persigue dinamizar y descentralizar la economía de la isla para hacer frente a la compleja crisis que atraviesa el país, atribuida sobre todo, a factores de índole externa como el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto hace más de seis décadas por Estados Unidos, sumado al cerco energético que impide desde inicios de año, de forma expresa, la entrada de combustibles y recursos energéticos bajo la amenaza de aranceles.

Al término de una jornada de capacitación dirigida a presidentes de Grupos Empresariales estatales y de Juntas de Gobierno, el primer ministro cubano subrayó que las medidas buscan convertir a la empresa estatal en un actor «más ágil, eficiente y articulado» con los distintos sectores económicos.

En este contexto, Marrero hizo hincapié en las oportunidades que ofrece el Decreto Ley 114, normativa que regula la asociación entre entidades estatales y no estatales para impulsar la producción de bienes y servicios, la sustitución de importaciones, la generación de empleo y el aprovechamiento de la capacidad instalada.

Asimismo, el primer ministro aclaró que la transformación gradual de las empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones o participaciones no debe interpretarse como un proceso de privatización.

De igual manera, explicó que el propósito central radica en «separar la propiedad y la gestión, atraer capital privado, nacional o extranjero y mejorar la eficiencia, la competitividad y las exportaciones«. Entre las áreas priorizadas dentro del paquete gubernamental destaca la descentralización de competencias administrativas, financieras, presupuestarias y ambientales hacia el nivel municipal, junto con la autonomía en la gestión de proyectos y recursos humanos.

El plan abarca igualmente modificaciones orientadas a dinamizar sectores clave como la agricultura, el comercio exterior, la inversión extranjera y el mercado inmobiliario, además de autorizar por primera vez la participación del capital privado en actividades del sector financiero, entre otras.

Respecto a las expectativas de las autoridades ante estas reformas, el primer ministro sostuvo que «ya se aprecian cambios que impulsarán las capacidades productivas y con ello habrá más oferta, lo que en adelante debe contribuir a la disminución, poco a poco, de los precios, y a contener la inflación que tanto daño hace«.

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