Gobierno boliviano amenaza con «Estado de Sitio» y militarización ante nuevas protestas

La amenaza surge en el marco de la reciente aprobación de un decreto para extender por 90 días más el estado de excepción, una medida que coincide con la firma de un polémico acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.900 millones de dólares.

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Esta advertencia surge en el marco de la reciente aprobación de un decreto por parte del gobierno de Rodrigo Paz para extender por 90 días más el estado de excepción. Foto: EFE


15 de septiembre de 2026 Hora: 17:15

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El portavoz de la Presidencia de Bolivia, José Luis Gálvez, amenazó este martes con militarizar el país y declarar el Estado de Sitio en caso de que se reanuden las protestas sociales y las movilizaciones populares como las registradas a mediados de año.

«Tengan la certeza (…) de que de ser necesario se va a dictar estado de sitio, se va a utilizar la fuerza constitucional, se va a militarizar y se van a conculcar los derechos que constitucionalmente están en el marco de la ley permitidos», aseveró el funcionario boliviano en una declaración.

Gálvez se refirió a los conflictos sociales pasados, estigmatizando las movilizaciones al señalar que existieron «factores políticos desestabilizantes que atentaron contra la democracia, contra el orden constitucional y privaron de alimentos, de medicamentos, de oxígeno y provocaron la muerte de vidas inocentes que no pudieron llegar al hospital».

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Esta advertencia surge en el marco de la reciente aprobación de un decreto por parte del Gobierno de Rodrigo Paz para extender por 90 días más el estado de excepción, una medida que fue remitida a la Asamblea Legislativa y que coincide con la firma de un polémico acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.900 millones de dólares y el fuerte rechazo al alza en los precios del diésel.

Protestas y crisis en Bolivia

Las declaraciones del portavoz se inscriben en un escenario de profunda tensión social y política que ha sacudido a Bolivia bajo la gestión de Rodrigo Paz. Las movilizaciones populares se intensificaron fuertemente a raíz de medidas económicas y normativas resistidas por sectores indígenas, campesinos, obreros y del magisterio.

Entre los principales detonantes figuraron el Decreto Supremo 5503 —cuestionado por flexibilizar inversiones extranjeras y eximir de evaluaciones ambientales a proyectos estratégicos— y la promulgación de la Ley 1720, rechazada por abrir la puerta a la concentración de tierras y poner en riesgo la pequeña propiedad rural.

La crisis escaló hasta superar los 90 puntos de bloqueo a nivel nacional en departamentos como Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz, generando graves problemas de desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos en las principales ciudades.

Ante este panorama, el gobierno ha apostado por marcos normativos para declarar estados de excepción y permitir la intervención militar, una estrategia que los gremios y sectores movilizados denuncian como un intento de criminalizar la protesta social, reeditar esquemas de represión y violencia estatal.

Autor: teleSUR: mr - JB

Fuente: teleSUR