La Federación Latinoamericana de Fiscales (FLF) condenó la falta de garantías de seguridad que el Estado ecuatoriano ofrece a los operadores de justicia y advirtió que de persistir el desamparo acudirá a los tribunales y mecanismos internacionales de derechos humanos para exigir la determinación de las responsabilidades estatales derivadas de la inacción e incumplimiento del deber de protección.

El pronunciamiento se produjo tras el asesinato de José Luis Merchán Perero, secretario de la Fiscalía de Salinas asignado a la Unidad de Delitos Acuáticos, ocurrido a las 08H05 del 17 de agosto de 2026, cuando la víctima llegaba en su vehículo a la sede institucional.

En un comunicado emitido el 19 de agosto, la FLF expresó su «más enérgico y categórico repudio» y advirtió que el crimen evidencia la «incapacidad del Estado para resguardar la vida de quienes llevan adelante la función de perseguir a los delincuentes».

El organismo, que integra asociaciones y colegios de fiscales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, cuestionó la falta de respuestas efectivas y de políticas integrales de protección por parte de los órganos competentes.

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Según la Federación, ese desamparo no solo vulnera la vida e integridad física de los funcionarios y sus familias, sino que debilita el Estado de derecho, compromete la independencia judicial y favorece el avance del crimen organizado.

La FLF recordó a la Fiscalía General del Estado, a la Corte Suprema y al Poder Ejecutivo de Ecuador que existen compromisos internacionales que obligan al Estado a garantizar la seguridad de los integrantes del Ministerio Público.

Citó la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Carpio Nicolle y otros contra Guatemala y la Masacre de La Rochela contra Colombia, que responsabilizan internacionalmente a los Estados por omitir salvaguardas esenciales a sus operadores de justicia.

Entre sus demandas, el organismo exigió una investigación penal exhaustiva, pronta y eficaz que identifique, juzgue y sancione a los autores materiales e intelectuales del homicidio, así como la adopción inmediata de medidas estructurales de seguridad y esquemas de protección efectiva para fiscales, funcionarios y servidores del Ministerio Público en todo el territorio ecuatoriano.

Además, reiteró su disposición técnica para colaborar en la implementación de protocolos basados en los Estándares de Seguridad para Fiscales y sus Familias, aprobados por la Asociación Internacional de Fiscales en Helsinki en 2008, y en la Declaración de San José de Costa Rica del 26 de abril de 2024.

Informó que el pronunciamiento será remitido a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite.

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