El expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, denunció este martes 23 de diciembre, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) estaría consumando un nuevo intento de golpe de Estado electoral, al adoptar decisiones sin quórum y en abierta violación de la Constitución, la ley electoral y los principios democráticos.

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A través de un mensaje publicado en la red social X, Zelaya advirtió que el CNE pretende dar por aprobado “de facto” un informe administrativo de su Secretaría General, con el objetivo de cancelar el escrutinio especial presidencial, un paso que según afirmó sepulta la verdad electoral y usurpa funciones que no corresponden a instancias administrativas.

El líder político subrayó que cualquier resolución adoptada sin quórum carece de validez legal, y recalcó que ninguna elección puede ser declarada oficialmente sin haber agotado el escrutinio especial, mecanismo previsto para garantizar transparencia y respeto a la voluntad popular.

En su denuncia, Zelaya sostuvo que la maniobra busca criminalizar de forma arbitraria las impugnaciones legítimas presentadas por alcaldes y diputados, allanando el camino hacia una eventual declaratoria presidencial ilegítima y fraudulenta. A su juicio, estas acciones constituyen una grave ruptura del orden constitucional y del principio democrático.

Asimismo, el expresidente alertó que la ofensiva institucional no se limita al ámbito presidencial, sino que también apunta a desconocer la victoria de autoridades locales, en particular la alcaldía del Distrito Central, encabezada por Jorge Aldana, la cual denunció estaría siendo objeto de un intento de despojo político.

Ante este escenario, Zelaya llamó abiertamente a la movilización popular, instando a las bases sociales y políticas a defender en las calles la voluntad popular, incluyendo la defensa de la Alcaldía del Distrito Central, encabezada por Jorge Aldana, cuya elección, según denunció, también estaría siendo objeto de un intento de despojo fraudulento.

En conjunto con las declaraciones de Zelaya la candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, ha sido una de las voces más críticas del proceso. Desde etapas tempranas del escrutinio, Moncada denunció la existencia de lo que calificó como un “esquema preparado por el bipartidismo tradicional para alterar los resultados”, señalando específicamente que miles de actas sin registro biométrico que según su señalamiento representaban un porcentaje significativo del total habían sido aprobadas sin las garantías del código de seguridad del sistema de conteo, lo que, a su juicio, constituía una manipulación fraudulenta de la voluntad popular expresada en las urnas.

Rixi Moncada y su partido también denunciaron públicamente que la eliminación de la verificación biométrica en miles de actas la noche anterior al día de las elecciones habilitó lo que describieron como inflaciones de votos en favor de los partidos tradicionales, en particular el Partido Nacional y el Partido Liberal, mientras que Libre contaba con un número muy inferior de actas en esta categoría. La candidata anunció la utilización de todos los recursos legales durante el periodo de escrutinio definitivo para exigir que se revisaran esas actas y se respetara la voluntad popular.

En la fase posterior a la votación, el Partido Libre rechazó reconocer los resultados difundidos inicialmente, acusando a las autoridades electorales de “injerencia extranjera” y “coacción” y anunciando movilizaciones públicas, protestas y otras acciones de calle para exigir transparencia y un conteo transparente. La dirigencia de Libre declaró que no participaría en ninguna transición gubernamental bajo las condiciones actuales, calificando el proceso como un posible “golpe electoral en curso”, lo que reflejó una ruptura abierta con el calendario y las decisiones oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Simultáneamente, otros consejeros electorales cuestionaron la consistencia de los datos, denunciando la falta de acceso público a muchas actas físicas, irregularidades tecnológicas y la ausencia de procesamiento de miles de planillas de cierre provenientes de mesas de votación, lo que generó amplio debate sobre la transparencia del TREP y la confianza ciudadana en los resultados preliminares.

Fuera del país, la contienda también estuvo marcada por la participación explícita de actores internacionales, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresando respaldo público al candidato conservador Nasry “Tito” Asfura, y emitiendo advertencias sobre posibles repercusiones en la cooperación bilateral si el resultado no le era favorable, lo que fue interpretado por la dirigencia de Libre y sectores críticos como una injerencia directa en la soberanía electoral hondureña.

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