El exgobernador de Guerrero, México, Ángel Aguirre Rivero, quedó en prisión preventiva luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) formalizara los cargos de desaparición forzada y obstrucción de la justicia en el caso Ayotzinapa, relacionado con los 43 normalistas desparecidos el 26 de septiembre de 2014.

Las autoridades acusan a Aguirre de ordenar la destrucción de videograbaciones claves en el Palacio de Justicia de Iguala, las cuales registraban la captura de los normalistas de Ayotzinapa. Aguirre Rivero permanecerá recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano y podría enfrentar una condena de 70 años de cárcel.

Detienen al exgobernador Ángel Aguirre por orquestar la destrucción de pruebas del caso Ayotzinapa. La acción judicial apunta a esclarecer la obstrucción de justicia desde el Ejecutivo estatal en la desaparición de los 43 estudiantes.#Ayotzinapa #México #Justicia #teleSUR pic.twitter.com/jBm29p1Pd8

— teleSUR TV (@teleSURtv) August 7, 2026

Durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, el Ministerio Público fundamentó la acusación en los testimonios de una exvisitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y una expresidenta del poder judicial del estado.

Según las declaraciones de las exfuncionarias, el entonces mandatario estatal ordenó ocultar y eliminar las grabaciones de los hechos ocurridos frente al Palacio de Justicia de Iguala en septiembre de 2014, cuando estudiantes que se trasladaban en el autobús 1531 fueron interceptados allí por policías.

La FGR detalló que el 29 de septiembre de 2014, las exfuncionarias recibieron un disco con grabaciones en las que se observaba a policías municipales de Iguala y civiles armados obligando a bajar a los normalistas del bus. Ese material fue entregado directamente a Aguirre, quien presuntamente lo turnó al entonces procurador estatal, Iñaki Blanco.

Al día siguiente, en una reunión con sus colaboradores más cercanos, el exgobernador habría instruido la destrucción total de las evidencias correspondientes a los días 26 y 27 de septiembre. Las testigos señalaron que tanto Aguirre como su sobrino y asesor, Ernesto Aguirre, mantenían presuntos vínculos con grupos delictivos.

Postura de la defensa y declaraciones del imputado

La defensa legal de Aguirre solicitó el arraigo domiciliario argumentando su edad y condiciones de salud —el exgobernador acudió a la audiencia en silla de ruedas tras presentar cuadros de hipertensión—, petición que fue rechazada por el juzgador al considerar que no existen las condiciones legales para otorgarla.

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Al hacer uso de la palabra, Aguirre Rivero lamentó los hechos, afirmó tener «la conciencia tranquila» y aseguró que colaborará para demostrar su inocencia.

La FGR reiteró que las indagatorias se han conducido con apego al debido proceso y que acreditaron la participación de altos funcionarios estatales en las maniobras para encubrir el paradero de los jóvenes estudiantes.

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