La magnitud del desastre ferroviario ocurrido en la localidad de Urda, Toledo, se agravó este jueves 29 de octubre tras confirmarse que la cifra de personas fallecidas ascendió a 74, mientras que 107 heridos permanecen ingresados en los centros hospitalarios de la región de Castilla-La Mancha.

El siniestro se produjo luego de que el sistema de seguridad LZB de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla registrara una caída a las 8:30 de la mañana hora local, obligando a la detención de al menos 6 formaciones.

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Apenas 6 minutos después, a las 8:36 hora local, el centro de control autorizó la reanudación de la marcha al tren AVE de Renfe, el cual avanzó 25 kilómetros hasta embestir a las 8:53 hora local a un tren de la compañía Iryo que se encontraba detenido sobre la vía.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, calificó de «inexplicable» la orden emitida desde el centro de mando de Adif en Atocha, al confirmar que el sistema arrojaba un aviso rojo que alertaba sobre la presencia de la unidad detenida.

Las autoridades informaron que la persona responsable de autorizar el avance está identificada y bajo investigación, en medio de duros cuestionamientos sobre la gestión estatal del transporte público tras registrarse dos siniestros graves en un mismo año.

Intervención judicial, aislamiento de la zona y rendición de cuentas

Frente a la gravedad de los hechos, la titular del juzgado de instrucción a cargo del caso ordenó la prohibición de acceso a cualquier persona ajena a la zona del impacto, abarcando un perímetro de dos kilómetros a lo largo de la vía de alta velocidad en ambos sentidos.

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La resolución judicial prohíbe taxativamente la retirada de materiales o la difusión de imágenes con el fin de preservar los indicios, rastros y pruebas para el esclarecimiento de responsabilidades penales.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudió al lugar del siniestro junto al titular de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y los ministros Óscar Puente y Fernando Grande-Marlaska para participar en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) en Toledo.

El jefe del Ejecutivo admitió que el desastre resulta inaceptable para la infraestructura nacional y prometió actuar con total contundencia si las pesquisas confirman fallos estructurales de seguridad o negligencias humanas en la cadena de mando.

En paralelo, en la estación de Sants en Barcelona y a lo largo de toda España, el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF) llevó a cabo una huelga nacional de 24 horas en los servicios de Renfe para exigir condiciones óptimas de seguridad en la red ferroviaria.

La medida de fuerza se desarrolla en medio de un clima de luto y consternación tras el siniestro. Los manifestantes reclaman que se priorice la seguridad operativa por encima de los horarios de viaje, garantizando que ninguna formación salga a las vías sin cumplir estrictamente con los estándares de protección.

Ante la movilización sindical, miles de usuarios en Barcelona y otras ciudades optaron por medios de transporte alternativos como autobuses, mientras se mantenían activos únicamente los servicios mínimos de emergencia programados para la jornada. El colectivo de maquinistas denunció que la falta de inversión estatal en la infraestructura ferroviaria compromete directamente la integridad de trabajadores y pasajeros.

Entre las principales demandas del sector destaca la contratación urgente de más personal para evitar sobrecargas laborales y garantizar los descansos requeridos en tareas de alta responsabilidad, reduciendo así los factores de riesgo en la conducción. Asimismo, la representación sindical exigió la implementación de un protocolo de actuación concreto frente a fenómenos meteorológicos extremos.

Recordaron que los recientes eventos climáticos generaron descarrilamientos y colapsos de infraestructura como la caída de muros sobre los rieles en la provincia de Barcelona, por lo que urgieron al Gobierno de España a destinar fondos presupuestarios para renovar la red y fortalecer la seguridad en el sistema de transporte público.

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