El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol impuso una sanción económica al Fútbol Club Barcelona. La medida responde a los contactos irregulares que sostuvo la directiva azulgrana con el delantero argentino Julián Álvarez. El ente federativo catalogó esta acción como una infracción leve frente a la normativa vigente.

El conflicto inició el pasado 30 de junio a raíz de una queja formal del Atlético de Madrid. La institución rojiblanca acusó al conjunto catalán ante la autoridad española y la FIFA por acercamientos indebidos durante un «período protegido». Álvarez posee un contrato con el equipo madrileño hasta la temporada 2030 y una cláusula de rescisión tasada en 500 millones de euros.

Las investigaciones del comité confirmaron un diálogo entre el director deportivo azulgrana, Deco, y el representante del jugador, Fernando Hidalgo, con fecha del 15 de mayo de 2026. El agente comunicó una supuesta autorización de la directiva colchonera para escuchar ofertas. Sin embargo, la resolución oficial demostró la total inexistencia de dicho permiso para gestionar un traspaso.

El documento del fallo establece una diferencia legal sustancial entre comunicar el valor de un atleta y otorgar un mandato oficial para su venta. La investigación constató que el Atlético entregó una tasación económica al representante, pero en ningún momento emitió una aprobación para entablar tratos en su nombre. Sumado a esto, el club catalán remitió la primera notificación escrita a la capital trece días después del acercamiento inicial.

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La instancia rectora descartó imponer castigos severos ante la falta de reiteración en la conducta de la directiva azulgrana. En consecuencia, el organismo aplicó el artículo 133 de su reglamento y fijó la multa en 602 euros por el incumplimiento de los protocolos formales. La entidad barcelonista dispone de un lapso de diez días para interponer un recurso de apelación.

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