La compra de un lujoso ático valorado en 6 millones 300.000 euros (más de 7 millones 320.000 dólares) por parte de la Comunidad de Madrid para su uso como vivienda por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, desató una crisis política, fricciones internas en el Partido Popular (PP) y múltiples causas en los tribunales.

La operación inmobiliaria, destapada a finales de julio por el diario El País, con dinero público y en un escenario de opacidad institucional, motivó cinco denuncias presentadas por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la organización Justitia Europa y ciudadanos particulares ante el juzgado de instrucción número 8 de Madrid por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, administración desleal y fraude.

El inmueble adquirido cuenta con 485 metros cuadrados (200 de ellos correspondientes a una terraza), cinco habitaciones y seis baños, y está ubicado en el exclusivo barrio madrileño de Chamberí. Inicialmente, el Ejecutivo autonómico argumentó que el espacio funcionaría como despacho provisional mientras se remodelaba la sede oficial de la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol.

Sin embargo, trascendió que la propiedad posee calificación urbanística estrictamente residencial, por lo que la normativa municipal prohíbe destinarla a usos administrativos o de oficinas al encontrarse en una planta superior.

Polémica venta y contradicciones institucionales

Ante el revuelo generado, la empresa pública Planifica Madrid puso el inmueble a la venta por 6.700.000 euros sin impuestos, bajo el argumento de destinar los fondos a los afectados por los incendios forestales.

No obstante, surgieron discrepancias financieras, ya que la compañía lleva diez años sin repartir dividendos y sus reservas voluntarias se sitúan en 5.700.000 euros, una cifra muy alejada de los recursos necesarios para cubrir las promesas económicas del Ejecutivo madrileño.

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Las explicaciones ofrecidas por el Gobierno regional y la dirección del PP también evidenciaron fisuras internas. Mientras Ayuso aseguraba desconocer los detalles de la gestión, el líder del PP a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, admitió públicamente que su equipo conocía la búsqueda de un local desde abril, lo que generó tensiones y lecturas de hostilidad controlada dentro de la formación conservadora para blindar el liderazgo territorial madrileño frente al desgaste reputacional.

Perfil de la vendedora e implicados

La operación comercial situó en el centro de atención a la empresaria Astrid Gil Casares, quien vendió el inmueble y firmó un acuerdo de confidencialidad argumentando desconocer el destino final del edificio.

Documentos oficiales revelaron que el historial empresarial de Gil Casares incluye la creación de cuatro sociedades con escasa actividad o incumplimientos de registro, además de vínculos previos con el fallecido financiero estadounidense Jeffrey Epstein.

Paralelamente, el caso recopila conexiones con el entorno personal de la presidenta autonómica, dado que su pareja, Alberto González Amador puso a la venta dos propiedades cercanas en el mismo distrito de Chamberí, y la propia mandataria heredó previamente un piso en las inmediaciones vinculado a deudas de una empresa familiar.

???? La empresa pública Planifica Madrid compró un ático de lujo y desató una crisis interna en el Partido Popular. Feijóo se distanció de la compra; Ayuso anunció la venta del inmueble.

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— teleSUR TV (@teleSURtv) August 30, 2026

Estatuto de expresidentes y respuesta política

La gestión de la crisis por parte de la presidencia madrileña combinó el silencio institucional, la confrontación con la oposición y ataques a las críticas mediáticas.

Mientras la mayoría de los portavoces del PP cerraron filas en torno a la mandataria asegurando que todas las explicaciones habían sido brindadas, figuras como la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, también del PP, expresaron dudas sobre el manejo del asunto.

En paralelo, se cuestionó la aprobación en 2025 de un estatuto de expresidentes que permite a Ayuso percibir el 80 % de su retribución durante dos años (con dos asesores y coche oficial por cuatro años más), además de la posibilidad de solicitar puestos en órganos consultivos con nombramientos como los otorgados a los exmandatarios Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre y Joaquín Leguina, quienes podrían cobrar 33.750 euros anuales cada uno. Sectores críticos señalaron esto como una estrategia para utilizar recursos públicos y cerrar filas internamente.

Con cinco denuncias formales ya admitidas a trámite, los tribunales solicitaron correos electrónicos, comunicaciones internas y una tasación independiente del inmueble. La crisis coincide con un contexto de crecientes tensiones sociales, huelgas sectoriales previstas en la región y un panorama electoral condicionado a menos de nueve meses de los próximos comicios autonómicos.

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