Un boletín socioeconómico divulgado por el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) reveló el severo deterioro de las condiciones de vida en El Salvador, donde el alza descontrolada del costo de la canasta básica, el estancamiento de los salarios y la proliferación de la deuda pública estrangulan a los hogares.

Según datos del Banco Central de Reserva (BCR) citados en el informe, el sector transporte registró un encarecimiento del 10 por ciento hasta agosto de 2026, los alimentos fundamentales subieron un 6 por ciento y los servicios de salud un tres por ciento, agravados por un vertiginoso aumento de los combustibles que oscila entre el 30 y el 38 por ciento.

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La crisis social se profundiza en medio de una parálisis laboral sin precedentes; mediciones de la Universidad de El Salvador (UES) publicadas en octubre de 2026 sostienen que el 75 por ciento de la población percibe una escasez casi total de oportunidades de empleo.

Esta carencia de trabajo digno impide contener el embate de la inflación sobre la economía popular, exponiendo el fracaso de las recetas económicas del Ejecutivo salvadoreño para garantizar los derechos mínimos de la clase trabajadora.

Hambruna masiva y desprotección de los adultos mayores

La faceta más alarmante expuesta por la organización popular reside en la crisis de soberanía alimentaria. Citando el informe sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo (SOFI 2026) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el boletín detalla que el 41.7 por ciento de los salvadoreños equivalente a 2.600.000 personas padece inseguridad alimentaria severa o moderada.

Más grave aún, 1.080.000 ciudadanos se encuentran sumidos en la inseguridad alimentaria aguda o hambre abierta, cifra que se disparó en 800.000 personas con respecto al registro del año previo.

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A la par de la malnutrición que golpea a las familias, el sistema de retiro previsional perpetúa el abandono institucional. Investigaciones del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Iudop-UCA) demuestran que el 67 por ciento de los adultos mayores en edad de jubilación no recibe pensión alguna.

Asimismo, entre la minoría que percibe un ingreso de retiro, el 69 por ciento denuncia que el monto es insuficiente para comer o comprar medicinas, obligando al 64 por ciento de los jubilados a vivir endeudados.

Megaendeudamiento fiscal y desplome de la inversión

En el terreno macroeconómico, el BRP denunció que la deuda pública total alcanzó la cifra de 35.038 millones de dólares en agosto de 2026. Durante la Administración del presidente Nayib Bukele, el endeudamiento estatal aumentó en 15.230 millones de dólares, monto que supera los 12.502 millones de dólares acumulados durante tres Gobiernos anteriores juntos.

Para el ejercicio fiscal de 2027, el Ejecutivo planea un déficit de 1.970 millones de dólares por encima de los ingresos tributarios, breach que pretende financiar mediante la emisión de nuevos títulos de deuda.

La desconfianza en el modelo gubernamental se reflejó igualmente en el flujo de capitales; datos oficiales del BCR confirman que durante el primer semestre de 2026 la inversión extranjera directa cayó un 54 por ciento en comparación con el mismo lapso de 2025, captando apenas 226 millones de dólares.

El desplome de la inversión privada y la insostenibilidad de las finanzas públicas confirman que el gasto propagandístico oficial se sostiene sobre la miseria de millones de salvadoreños privados de empleo, alimentos y pensiones dignas.

En paralelo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador dio inicio formal este 27 de octubre al período de cuatro meses fijado por el Código Electoral para que los partidos políticos desplieguen la campaña de propaganda con miras al ciclo presidencial 2027-2033.

Durante los comicios generales programados para el 28 de febrero de 2027, la población acudirá a las urnas para elegir la fórmula presidencial, 60 diputaciones a la Asamblea Legislativa y 44 concejos municipales, renovando un total de 582 cargos públicos que abarcan alcaldías, sindicaturas y regidurías en todo el territorio nacional.

A pesar de la apertura del lapso legal, la autoridad electoral precisó que hasta la fecha ninguna de las fórmulas presidenciales formalizó la inscripción presencial de sus candidaturas, trámite de cumplimiento obligatorio exigido por la normativa electoral vigente.

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