La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este lunes la Licencia General 52C, un instrumento que flexibiliza determinadas operaciones vinculadas con Petróleos de Venezuela (PDVSA) y sustituye por completo a la anterior normativa 52B.

La disposición, firmada por el director de la agencia, Bradley T. Smith, autoriza transacciones que estaban bloqueadas bajo las órdenes ejecutivas 13884 y 13850, siempre que sean ejecutadas por entidades estadounidenses establecidas. La normativa fija como requisito que los contratos con la estatal venezolana establezcan la resolución de disputas en tribunales de Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Singapur.

@telesurtv_oficial ????????????️| Soberanía en acción: Venezuela fortalece su industria petrolera con visión de futuro. A pesar de los ataques y señalamientos, el sector petrolero venezolano avanza en la consolidación de acuerdos estratégicos orientados a garantizar el desarrollo nacional. La clase trabajadora desempeña un rol crucial al mantener un monitoreo permanente de 24 horas para resguardar las operaciones de cualquier intento de sabotaje. La nación cuenta con 303.000 millones de barriles en reservas, concentrando en la Faja Petrolífera del Orinoco 270.000 millones, donde el tan solo 80% se ubica en campos Greenfield. El desarrollo de estos nuevos bloques requiere de una importante infraestructura vial y eléctrica que, gracias a las ventajas geográficas del territorio, facilita su despliegue operativo. Estos esfuerzos ratifican el compromiso soberano de transformar el potencial energético en beneficios tangibles para el país. #Noticias #Petroleo #PDVSA #Soberania #teleSUR ♬ sonido original – teleSUR

Los pagos monetarios destinados a personas bloqueadas, con la salvedad de tasas e impuestos locales, deben ser depositados en cuentas gubernamentales designadas por Washington. El marco normativo también permite transacciones con el Gobierno venezolano que resulten indispensables para las actividades autorizadas de la petrolera estatal, bajo idénticos mecanismos de resguardo financiero.

Pese al alivio comercial, el documento mantiene limitaciones severas. La licencia excluye de manera expresa las operaciones con bonos y deudas del Gobierno venezolano o de PDVSA, así como cualquier intento de transferencia o ejecución de embargos sobre las acciones que posee el Estado venezolano en la industria.

Quedan prohibidas las transacciones con personas naturales o jurídicas incluidas en la lista de Nacionales Especialmente Designados y con entidades ubicadas en Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y empresas conjuntas con vínculos en China.

En el ámbito corporativo, la medida establece que la autorización no permite modificar la gobernanza ni la estructura directiva de PDV Holding, Citgo Holding o CITGO Petroleum Corporation, manteniendo bajo estricta reserva el control de estos activos en el exterior.

LEA TAMBIÉN:

Hinterlaces: 82 % de los venezolanos apoya la alianza petrolera entre Venezuela y EE.UU.

Las empresas que exporten petróleo y productos petroquímicos venezolanos hacia mercados distintos a Estados Unidos deberán entregar informes detallados a las autoridades norteamericanas sobre volúmenes, valores, destinos y pagos tributarios 10 días después de la primera operación y con una frecuencia posterior de 90 días.

Historial de sanciones

Las licencias que hoy flexibilizan las operaciones con PDVSA llegan tras más de una década de medidas coercitivas unilaterales. Según datos del Observatorio Venezolano Antibloqueo, desde 2014 se aplicaron 1.089 sanciones contra el país: 918 impuestas directamente por gobiernos y 171 por entes financieros, judiciales y otras instituciones.

La arquitectura legal arrancó en diciembre de 2014, con la Ley Pública 113-278 del Congreso estadounidense, y se consolidó el 8 de marzo de 2015, cuando Barack Obama declaró a Venezuela una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional de EE.UU. mediante la Orden Ejecutiva 13692 —renovada después por las dos administraciones de Trump y la de Joe Biden.

El primer golpe directo a la industria petrolera llegó en agosto de 2017 con la Orden Ejecutiva 13808, que bloqueó la compra y venta de bonos de PDVSA y cerró su acceso a financiamiento internacional. Le siguieron la 13835 y la 13850 (esta última sobre el sector del oro), y en enero de 2019, tras la autoproclamación de Juan Guaidó, la Orden Ejecutiva 13857, que habilitó el proceso judicial sobre Citgo.

El cerco se completó en agosto de 2019 con la Orden Ejecutiva 13884, que embargó todos los activos venezolanos en territorio estadounidense y abrió la puerta a las «sanciones secundarias» contra terceros países y empresas.

Entre los efectos que documenta el Observatorio: unos 22.000 millones de dólares retenidos en la banca internacional, una caída de la producción petrolera de 2,8 millones de barriles diarios en 2015 a 339.000 en julio de 2020 (un desplome del 88%), y un ingreso en divisas que pasó de 39.639 millones de dólares en 2014 a 743 millones en 2020. PDVSA registró pérdidas por 232.000 millones de dólares entre 2015 y 2022, según la misma fuente.

EN ESTA NOTA: