Jubilados, trabajadores y afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) protagonizaron una jornada de protesta frente a la sede de la institución en Quito para rechazar el plan del Gobierno del presidente Daniel Noboa de vender activos patrimoniales valorados en más de 2.000 millones de dólares.

Los manifestantes denunciaron que la medida constituye un intento encubierto de privatización que pone en riesgo el patrimonio acumulado por la clase trabajadora ecuatoriana.

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Durante el plantón, las organizaciones sociales enfatizaron que el IESS pertenece a los aportantes y no al Ejecutivo, exigiendo que se atienda la crisis financiera mediante el cobro de deudas pendientes en lugar del remate de infraestructura clave como hospitales, dispensarios y edificios administrativos.

Los gremios recordaron que el Estado mantiene un compromiso histórico que supera los 41.000 millones de dólares con el fondo pensional, mientras que la mora de los grandes sectores empresariales asciende a más de 2.800 millones de dólares.

Líderes sindicales y representantes de los jubilados advirtieron que la subasta de activos responde a directrices del Banco Mundial y a un modelo económico atado a intereses privados.

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Señalaron que el plan oficial carece de estudios actuariales rigurosos y desprotege áreas sensibles como el Seguro Social Campesino y los fondos de salud y pensiones, los cuales enfrentan un desabastecimiento crónico de insumos médicos debido a la mala gestión administrativa.

Frente a la intención gubernamental de enajenar los bienes de la seguridad social, la dirigencia social anunció la entrega de una propuesta técnica sustentada para defender la liquidez de la institución.

Las organizaciones populares reafirmaron su convocatoria a mantener las movilizaciones en las calles en defensa del derecho a la salud, la jubilación digna y la soberanía patrimonial frente a la agenda de desmantelamiento público.

Entre enero y julio de 2026 la formalización de contratos indefinidos en Ecuador sufrió una severa caída al registrar 214.457 acuerdos, frente a los 250.414 contabilizados en el mismo periodo de 2025.

El deterioro del empleo estable refleja la consolidación de esquemas de contratación precaria promovidos por el sector empresarial para abaratar costos operativos y eludir el pago de indemnizaciones correspondientes por despido intempestivo o desahucio.

La flexibilización laboral se manifestó en el desmedido aumento de los contratos por sector productivo, los cuales escalaron de 56.073 entre enero y julio de 2025 a 133.733 en el mismo lapso de 2026, lo que representa un repunte del 138.50 por ciento. De igual forma, la modalidad por obra o servicio se incrementó un 5.83 por ciento, pasando de 117.689 a 124.545 contrataciones temporales.

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