Chile atraviesa una compleja coyuntura económica y social marcada por la recesión, el aumento del desempleo a cifras no vistas desde la pandemia y un acelerado deterioro del respaldo ciudadano a la gestión del presidente José Antonio Kast.

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A solo siete meses de asumir la presidencia con un alto apoyo inicial, la estrategia de ajuste fiscal y rebajas tributarias del mandatario ultraderechista enfrenta crecientes cuestionamientos por parte de expertos, la oposición y la propia ciudadanía.

El desempleo ha alcanzado su nivel más alto en los últimos cinco años, al tiempo que la economía encadena meses de caídas consecutivas y la desaprobación del jefe de Estado escala al 64 por ciento.

La crisis laboral se ha consolidado como la principal fuente de preocupación en el país; de acuerdo con los más recientes reportes del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desocupación escaló hasta el 9,8 por ciento en el trimestre julio-septiembre, superando por primera vez desde la emergencia sanitaria la cifra de un millón de personas desocupadas.

En los últimos doce meses se han eliminado cerca de 103.000 puestos de trabajo, un fenómeno que ha impactado con especial dureza a mujeres, jóvenes y a personas que buscan incorporarse por primera vez al mercado laboral.

La situación refleja además profundas disparidades territoriales, alcanzando tasas de desocupación del 10,2 por ciento en regiones como Valparaíso y O’Higgins, lo que pone de manifiesto cómo la actividad en sectores como la logística o el comercio no se traduce necesariamente en empleo estable para la población local.

En el ámbito macroeconómico, los datos oficiales del Banco Central confirman un preocupante panorama de estancamiento; aunque el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de septiembre registró un leve repunte interanual del 0,2 por ciento, la cifra se produce tras dos meses consecutivos de caída y no evita que se proyecte una caída del 0,8 por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB) al cierre del tercer trimestre.

El instituto emisor recortó las proyecciones de crecimiento para el año 2026 a un rango de entre 0,25 por ciento y 0,75 por ciento, alejándose drásticamente de las expectativas que se tenían hace un año y del compromiso gubernamental de alcanzar un crecimiento superior al 4 por ciento para 2030.

La caída ha sido arrastrada principalmente por la minería, pilar de la economía nacional, que registró un descenso del 12,6 por ciento debido al encarecimiento productivo por el envejecimiento de yacimientos y las interrupciones causadas por emergencias climáticas asociadas al fenómeno de El Niño.

De igual manera, se suma un alza en el costo de la vida que alcanzó el 4,1 por ciento interanual en agosto, impulsada en gran parte por el «bencinazo» derivado de la decisión oficial de no intervenir los precios de los combustibles tras la crisis energética en Oriente Medio.

Ante la gravedad del escenario, la estrategia del Ejecutivo consiste en pedir paciencia y confiar en los efectos a mediano plazo de su «megarreforma» tributaria, cuyo núcleo es la reducción del impuesto corporativo del 27 por ciento al 23 por ciento y la garantía de invariabilidad fiscal para grandes inversiones.

El propio ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, defendió la postura gubernamental, asegurando que la administración no llegó para administrar el estancamiento, sino para poner al país en marcha.

Juan Ortiz, economista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, calificó al 2026 como «un año para el olvido» y enfatizó que a corto plazo el escenario de actividad plana no cambiará.

Por otra parte, Francisco Castañeda, de la Universidad Central de Chile, advirtió que si bien la rebaja de impuestos puede estimular la inversión a futuro, no será suficiente por sí sola ni actuará con la celeridad que exige la crisis actual.

El estancamiento económico y el encarecimiento del costo de vida han terminado por desplazar a la inseguridad como la principal inquietud de los chilenos, llevando al presidente Kast a reconocer públicamente que su Gobierno navega contra el pesimismo ciudadano.

Dicha percepción se refleja con claridad en los últimos sondeos de opinión: la encuesta Agenda Criteria indica que un 64 por ciento de la población desaprueba la gestión presidencial, mientras que estudios de la firma Cadem sitúan su aprobación entre un 27 por ciento y un 32 por ciento, contrastando de forma severa con el 57 por ciento con el que asumió el cargo el pasado 11 de marzo.

Asimismo, un 82 por ciento de los consultados manifiesta que la labor del Ejecutivo ha estado por debajo de sus expectativas iniciales.

De cara a la discusión del Presupuesto 2027 en el Congreso, existe una tajante oposición ciudadana a que el equilibrio fiscal se consiga mediante recortes sociales, con solo un 19 por ciento dispuesto a sacrificar programas públicos y apenas un 8 por ciento a favor de disminuir subsidios, en un clima donde las organizaciones sociales ya anuncian una reactivación de las movilizaciones.

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