Aunque en Ecuador aumentó el número de personas que ocuparon un empleo en el último año, las cifras con cierre de abril de 2026 publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) muestran que el empleo digno perdió participación y la informalidad siguió concentrando a más de la mitad de quienes tienen trabajo, condición asociada con menor protección social, ingresos variables y menor estabilidad.

Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu), la población con empleo pasó de 8.19 millones de personas en abril de 2025 a 8.58 millones en abril de 2026, mientras que la población económicamente activa alcanzó los 8.9 millones de personas y la población económicamente inactiva se ubicó en 4.7 millones.

Esto representó un incremento cercano al 4,8 por ciento en el número de ocupados. Sin embargo, detrás del aumento aparece una señal que cambia la lectura del mercado laboral: el empleo adecuado o pleno descendió de 35,8 por ciento a 34,3 por ciento entre abril de 2025 y abril de 2026.

Eso se traduce en menos garantías laborales para las personas. Mientras tanto, el denominado “otro empleo no pleno” aumentó de 30,0 por ciento a 33,9 por ciento; donde clasifica de igual manera el trabajo informal.

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El empleo adecuado, tal como expone el INEC, agrupa a personas que reciben ingresos iguales o superiores al salario mínimo y cumplen o superan la jornada laboral legal. En cambio, el otro empleo no pleno incluye a quienes reciben ingresos inferiores al salario básico o trabajan menos horas de las establecidas.

Medios locales refieren que el subempleo tuvo una reducción de 21,1 por ciento a 19,5 por ciento y alertan que esta caída no implica necesariamente una mejora estructural del empleo, pues parte importante del crecimiento laboral se desplazó hacia formas de ocupación con menores niveles de ingresos.

En este panorama la tasa nacional de desempleo se ubicó en 3,1 por ciento en abril de 2026.

De acuerdo al economista Marco Flores, el 55,8 por ciento de las personas con empleo continúa trabajando en actividades informales, una condición asociada con menor protección social, ingresos variables y menor estabilidad.

“Esta situación también afecta las finanzas públicas. Cuando predominan el empleo informal, el empleo no pleno y las actividades de baja productividad, se reduce la base efectiva de contribuyentes”, dijo.

Fundamentó que “menores ingresos laborales implican menor capacidad de pago del impuesto a la renta, menor consumo formal gravado con IVA y menores aportes a la seguridad social. Además, la informalidad dificulta la trazabilidad de ventas, ingresos y transacciones”.

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