El Gobierno de Javier Milei envió este martes un proyecto de ley al Congreso de Argentina para promover las grandes inversiones en sectores económicos no desarrollados a nivel local, ofreciendo beneficios sin precedentes por 30 años a inversiones de al menos mil millones de dólares en nuevas industrias, lo que genera críticas por la afectación a la industria nacional y la entrega de recursos.

Lejos de fomentar un desarrollo equitativo, la normativa consagra un blindaje normativo sin precedentes a los capitales transnacionales, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado y la autonomía de las provincias.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI), tendría como objetivo promover las grandes inversiones extranjeras en industrias de inteligencia artificial, los semiconductores, la biotecnología avanzada y la infraestructura digital. En paralelo, el Gobierno sigue disminuyendo el gasto público y se profundiza el ajuste a universidades y comunidades como la de discapacitados.

El proyecto establece una ventana de cinco años, con una posible prórroga de un año adicional, para solicitar la adhesión al régimen. Una vez aprobado, cada proyecto gozará de los beneficios garantizados por un extenso periodo de 30 años. Asimismo, el umbral de ingresos es de 1.000 millones de dólares (mayor a los 200 millones del RIGI), pero así también las exenciones pasan del 25 por ciento al 15 por ciento en el impuesto a las ganancias; y reduce la participación tributaria para las provincias.

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A pesar de la ambición declarada de desarrollar «nuevas industrias», el proyecto carece de un listado taxativo de los sectores específicos alcanzados, lo que abre la puerta a la discrecionalidad y la arbitrariedad en su aplicación. Los considerandos mencionan «cadenas globales de valor en sectores estratégicos» como la inteligencia artificial o los semiconductores, pero lo más concreto que se vislumbra es la instalación de data centers en la Patagonia.

Esto sugiere que, bajo el paraguas de «nuevas industrias», se podrían estar entregando recursos energéticos baratos y ventajas climáticas a empresas que no necesariamente generan un desarrollo productivo integral para Argentina, sino que buscan optimizar sus costos operativos a expensas de la soberanía nacional sobre sus recursos.

La propuesta del Súper RIGI consolida un modelo económico que prioriza los intereses de los grandes capitales extranjeros sobre el desarrollo endógeno de Argentina. Al ofrecer 30 años de estabilidad y exenciones a inversiones millonarias, se compromete la capacidad del Estado para regular su economía, proteger su industria local y asegurar una distribución equitativa de la riqueza.

De acuerdo a medios locales, el Ejecutivo envió de manera compulsiva una serie de proyectos al Congreso a poco del inicio de la Copa del Mundo, con la esperanza de que las miradas dejen de apuntar de una vez por todas a la interna oficialista y el caso Manuel Adorni.

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