La jueza Mery Maza Puma dictó este viernes prisión preventiva y una orden de localización y captura contra el dirigente indígena Guido Perugachi, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias del Ecuador (Fenocin), quien denunció que la decisión responde a una represalia directa del Gobierno debido a la revocatoria de mandato que impulsa, junto a otras organizaciones, en contra del presidente Daniel Noboa.

«Lo que dicen es que existe un peligro de una gran movilización social por el descontento del país», señaló Perugachi en diálogo con Radio Pichincha, al tiempo que advirtió sobre la vulneración de derechos durante la audiencia judicial.

#URGENTE: La jueza Raquel Maza acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Guido Perugachi, presidente de la Fenocin. El dirigente es procesado por la presunta paralización de servicios públicos durante las protestas de septiembre y octubre de 2025 en… pic.twitter.com/NprxjTZVEJ

— Elena Rodríguez Yánez (@ElenaDeQuito) August 14, 2026

«No se nos permitió la palabra en la audiencia. Solo tomó dos pequeñas intervenciones de nuestro abogado y luego ni siquiera a la comunidad le dejó hablar», afirmó Perugachi y recalcó que el proceso tiene profundas motivaciones políticas.

El líder de la Fenocin informó que las bases indígenas resolvieron no entregarse a la justicia y que continuarán analizando las acciones a seguir. Confirmó que la asamblea de la Fenocin prevista para el 22 de agosto de 2026 se llevará a cabo, pero se trasladará y desarrollará dentro de las propias comunidades indígenas y no en la ciudad de Quito, como se había programado inicialmente.

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La Fiscalía fundamentó su decisión judicial señalando a Perugachi como presunto instigador de acciones destinadas a interrumpir servicios públicos durante las protestas contra la eliminación de los subsidios a los combustibles, en septiembre y octubre de 2025.

El fiscal Washington Burbano presentó informes y pericias que, según la magistrada, identifican al dirigente convocando a obstaculizar el funcionamiento de servicios esenciales. Maza también detalló supuestas presiones para el cierre de locales comerciales bajo amenazas, afectando el derecho al trabajo, y subrayó consecuencias en los sectores de educación, salud y acceso a agua potable.

El abogado defensor, Henrry Ospitia, apeló la resolución judicial, recurso que deberá ser analizado por un tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura. La orden dispone que, de concretarse la detención, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) garantice los derechos culturales del dirigente kichwa de la comunidad Perafán, permitiéndole conservar su vestimenta tradicional, su cabellera y el contacto con sus vínculos comunitarios.

Organizaciones indígenas y la defensa legal han cuestionado el proceso judicial, argumentando que las pruebas presentadas carecen de sustento sólido y denunciando una presunta criminalización de la protesta social que denuncia las políticas antipopulares del Ejecutivo de Noboa.

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