El pleno del Ayuntamiento de París, bajo la gestión del Gobierno socialista de Emmanuel Grégoire, anunció este sábado 18 de julio un incremento drástico en los impuestos sobre las viviendas desocupadas a partir de enero de 2027. La medida busca intervenir activamente en el mercado inmobiliario para obligar a los propietarios a alquilar o vender sus inmuebles deshabitados, enfrentando de forma directa la grave escasez de vivienda que padece la capital francesa.

La administración local detalló que el objetivo central de esta reforma fiscal es reintroducir de forma inmediata unas 20.000 viviendas vacías al mercado residencial regular. Con la nueva normativa, las municipalidades francesas quedan facultadas para elevar las tasas impositivas al 30 por ciento durante el primer año de desocupación y hasta un contundente 60 por ciento a partir del segundo año, endureciendo los controles estatales.

Como ejemplo de la aplicación de esta tasa, el Gobierno parisino explicó que el dueño de un apartamento desocupado de 30 metros cuadrados pasará de pagar 790 euros a 1.400 euros en 2027, cifra que se duplicará a 2.800 euros para 2028. Mientras las fuerzas progresistas defienden la medida como un acto de justicia social, la oposición conservadora alineada con los intereses inmobiliarios catalogó la iniciativa como un ataque fiscal inútil.

Las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INSEE) revelaron que en París existen al menos 139.075 viviendas completamente desocupadas, lo que representa cerca del 10 por ciento del total inmobiliario de la ciudad. Si a esto se suman las segundas residencias de lujo, se constata que un preocupante 20 por ciento de las propiedades habitacionales de la capital no se utilizan como residencias principales de las familias.

LEA TAMBIÉN:

Socialistas conservan París y Marsella en elecciones municipales de Francia

El consistorio aclaró que la legislación contempla exenciones justas para aquellos casos donde la desocupación responda a causas ajenas a la voluntad del propietario, tales como litigios judiciales o procesos de herencia pendientes. De este modo, la penalización se enfocará estrictamente en combatir la especulación de los grandes rentistas que mantienen inmuebles congelados para encarecer de forma artificial los precios del suelo urbano.

Esta política habitacional se ejecuta en paralelo con una ofensiva institucional contra las plataformas de alquiler turístico de corta duración, responsables de la gentrificación y de expulsar a la clase trabajadora de los centros urbanos. El Ayuntamiento celebró recientemente una histórica condena judicial de 585.000 euros contra una corporación inmobiliaria que acaparaba edificios de viviendas sociales para dedicarlas al lucrativo negocio del turismo transnacional.

EN ESTA NOTA: