La Fiscalía General del Estado de la República del Ecuador formalizó una solicitud ante la Corte Nacional de Justicia para reinstalar de forma inmediata la audiencia de juicio dentro del denominado caso Sinohydro. El fiscal subrogante Carlos Leonardo Alarcón argumentó que ya transcurrió un período de tiempo prudente para que los magistrados emitan su pronunciamiento definitivo sobre el expresidente Lenín Moreno y los demás procesados.

El Tribunal de Juzgamiento, integrado por los jueces Manuel Cabrera, Daniella Camacho y Julio César Inga, entró en fase de deliberación tras culminar 31 días de complejas diligencias judiciales entre mayo y julio del presente año. Durante la etapa de debate oral, el cuerpo magistrado examinó 47 testimonios, 26 peritajes técnicos y 261 documentos probatorios que abarcan un expediente de más de 10.000 fojas.

La causa penal investiga la presunta trama de cohecho orientada al pago de sobornos por un monto aproximado de 76.1 millones de dólares derivados de la adjudicación del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. La hipótesis fiscal sostiene que cerca de un millón de dólares procedentes de la constructora china Sinohydro beneficiaron directamente al exmandatario Lenín Moreno y a su entorno familiar más cercano.

Al término de los alegatos de clausura, el ente de control penal ratificó la acusación contra 20 personas y solicitó una condena de 6 años y 6 meses de prisión para Moreno. Asimismo, el Ministerio Público identificó como presuntos cómplices a la esposa del expresidente, Rocío González, a su hija Irina Moreno y a sus hermanos Guillermo y Edwin Moreno.

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En contraste, el fiscal encargado decidió retirar de forma definitiva los cargos contra la procesada Priscila Burneo tras determinar que el material probatorio recabado no demostró responsabilidad criminal. Los jueces deberán convocar la sesión pública para dictar la sentencia correspondiente o determinar la ratificación del estado de inocencia de las personas imputadas.

Las organizaciones jurídicas y la opinión pública nacional se mantienen a la espera del señalamiento de la fecha formal para la lectura de la decisión jurisdiccional. Representantes del sistema judicial señalan que la eventual condena implicaría el pago de millonarias indemnizaciones por concepto de reparación integral al patrimonio público del Estado.

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