​En Quibdó y las zonas rurales del departamento del Chocó, epicentro del terremoto de magnitud 7.4 que azotó a Colombia, la población enfrenta la emergencia entre edificaciones colapsadas y graves daños estructurales internos que no se aprecian a simple vista. 

A la tragedia material se suma el reclamo continuo de las comunidades por el abandono histórico del Estado, debido a la falta de presencia y auxilio gubernamental en las zonas rurales apartadas. 

“Es cómo decirle a los medios oficiales y a todas las entidades del gobierno que solamente estamos haciendo alarde de un contexto urbano, mas no se está haciendo evidencia de lo que sucede en la ruralidad”, cuestionó Marlón Morenos, defensor de Derechos Humanos. ​Esta falta de asistencia institucional en el campo es ratificada por las comunidades afectadas. 

​”En este momento hemos venido siendo azotados por el tema de la alteración del orden público, no es escondido (…) y especialmente nosotros hemos sido desplazados, somos víctimas. Hemos tenido muy poca ayuda del gobierno central (…) Estamos esperando la ayuda, bien sea del Gobierno Nacional, departamental o municipal, que hasta ahora en esta zona rural nadie ha hecho presencia”, afirmó a teleSUR el damnificado Luis Ángel Argacha.

​Ante la falta de respuesta estatal, las redes de apoyo comunitario se han vuelto fundamentales para la supervivencia diaria. ”Nos reunimos, entre todas nos apoyamos, por eso ven tanta gente, porque nos reunimos un grupito en específico en la mañana algunas, ya a la hora del almuerzo nos reunimos otras para que todo el pueblo pueda comer, porque hay unas personas que no tienen acceso a su cocina. Entonces lo mejor es cocinar así como lo estamos haciendo y que todo el mundo pueda comer”, detalló la ciudadana Yessika Mosquera.

​Cuestionamientos de Petro 

​El  exmandatario Gustavo Petro criticó la decisión del presidente Abelardo De la Espriella de permitir el ingreso de un contingente militar e ingenieros procedentes de Israel para participar en las labores de rescate. 

A través de sus redes sociales, Petro puso en duda el carácter puramente humanitario de la delegación y advirtió que la presencia de personal militar armado sin autorización del Senado podría constituir una ocupación irregular del territorio.

​Asimismo, el exgobernante se hizo eco de denuncias sobre la supuesta inacción de los rescatistas israelíes en puntos críticos del desastre, como el edificio Vanessa en Cali, e insistió en que el país requiere prioritariamente personal médico, enfermeros y especialistas en salvamento en lugar de tropas extranjeras.

​Este episodio se enmarca en el reciente viraje de la política exterior colombiana bajo el mandato de De la Espriella, quien restableció los vínculos diplomáticos con Israel, proyecta el reconocimiento de su soberanía sobre los Altos del Golán e incrementó la cooperación en seguridad con Estados Unidos. 

Estas medidas marcan una ruptura con la postura de la administración saliente de Petro, que había congelado las relaciones con Tel Aviv en mayo de 2024.

​Actualización oficial de cifras y daños de la UNGRD

​Por su parte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) presentó el balance consolidado sobre las afectaciones provocadas por el movimiento telúrico con epicentro en San José del Palmar. 

En tal sentido, confirmó que 289 personas fallecieron, la reducción de cinco casos respecto al reporte previo responde al proceso de depuración y cruce de datos entre la Fiscalía, Medicina Legal y los organismos de socorro para eliminar duplicidades.

Mientras que el registro de personas damnificadas ascendió a 185.016 (correspondientes a 120.238 familias) en 450 municipios de 15 departamentos. Este incremento responde a la consolidación de informes entregados por la Alcaldía de Pereira.

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Se mantienen 143 personas en condición de desaparecidas, mientras que las autoridades reportan 510 animales rescatados y 822 afectados por el sismo.

El informe contabiliza 26.945 viviendas destruidas, 127.557 inmuebles averiados, 66 edificios colapsados, así como afectaciones en 2.838 centros educativos, 285 puestos de salud y 3.782 instalaciones comunitarias.

No obstante, estas cifras reflejan principalmente la panorámica en ciudades y centros urbanos. Colectivos sociales y activistas advierten que dichos datos no reflejan las afectaciones ocurridas en zonas rurales, lo cual resulta indicativo de la pobre presencia y acompañamiento gubernamental a las comunidades afectadas, de acuerdo con los testimonios de pobladores y voluntarios.

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