El excompañero de fórmula de la excandidata presidencial, Andrés Arauz anticipó la presentación de una acción constitucional para exigir la liberación de Luisa González, proceso inmerso en acusaciones por irregularidades y persecución política de parte de la defensa de la imputada. Arauz difundió el anuncio a través de sus redes sociales este domingo 25 de octubre.

El economista sostiene que la medida cautelar no tiene validez jurídica, pues la dictó un magistrado sin competencia para procesar a la líder opositora. La excandidata presidencial permanece recluida bajo prisión preventiva en la causa conocida como caso Laberinto, y la acción constitucional busca revertir esa situació.

González, principal referente de la Revolución Ciudadana, concentra desde su detención la atención del arco político, su situación procesal domina la agenda del movimiento.

El argumento central del equipo legal apunta a la falta de competencia del juzgador, Arauz explicó que tanto él como González y otros dirigentes investigados por presuntas irregularidades en el financiamiento de las campañas electorales mantienen la calidad de autoridades y voceros oficiales de la oposición.

Conforme al Código de la Democracia, esa condición les otorga fuero de Corte Provincial, una protección que los abogados consideran ignorada por el juez que dictó la prisión preventiva.

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La organización política cuestiona además el papel del juez Harry Navarrete y de la Fiscalía, a juicio de la defensa, ambas instancias pasaron por alto el fuero político que ampara a los líderes de la mayor fuerza opositora del país y con ello quebraron las garantías procesales básicas, la omisión, según el movimiento, invalida el proceso desde su arranque.

La investigación abarca supuestas anomalías en el manejo de fondos de campaña. Los señalados rechazan los cargos y consideran que la justicia se instrumentaliza para socavar el pluralismo democrático. La postura no admite matices.

Ante ese escenario, el dirigente convocó a organismos internacionales de derechos humanos, a legisladores y a observadores extranjeros a sumar escritos y les pidió vigilancia sobre las audiencias públicas que se avecinan.

El llamado busca sumar presión internacional sobre el expediente, conl objetivo es transparentar el proceso y evitar que avance sin control externo.

Dirigentes del movimiento progresista han denunciado que estas causas penales buscan asociar a la oposición con presuntas tramas financieras y con Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil. Para Gabriela Rivadeneira, presidenta temporal de la organización, se trata de una maniobra sistemática del gobierno de Daniel Noboa.

El propósito, según esa lectura, sería castigar a los sectores críticos y apartar la mirada pública de la crisis estructural que vive el país. Insisten en que el expediente persigue acallar a la disidencia.

Sectores políticos de distinto signo reclaman el fin de lo que denominan persecución selectiva impulsada por el Ejecutivo. La detención de González, principal figura de la Revolución Ciudadana, tensó el panorama judicial y electoral ecuatoriano.

El equipo legal de Arauz prepara la presentación de la acción constitucional, mientras la defensa aguarda la convocatoria de nuevas audiencias. De prosperar el recurso, la dirigente recuperaría la libertad y quedaría sin efecto la orden de captura.

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