Tras la movilización popular que generó la suspensión del proyecto Romero en San Juan, República Dominicana, este martes dominicanos continuaron exigiendo protección legal para los recursos naturales en el país.

En este sentido grupos comunitarios, ambientalistas y religiosos luchan contra la minería en la Cordillera Central y Septentrional, aún con más fuerza después del hito histórico en mayo de 2026 que conllevó al presidente Luis Abinader a declarar que no se continuaba con el proyecto minero en esa área.

La Coordinadora Popular Nacional (CPN) denunció que empresas como GoldQuest, Unigold y Belfond Enterprises mantienen permisos de exploración y explotación que, a su juicio, amenazan la sostenibilidad de cientos de comunidades.

Para el dirigente y vocero de la Coalición contra la minería, Manuel Matos, es inverosímil que el Gobierno dominicano haya dado permiso de explotación minera a una compañía de origen canadiense. Ha puesto por encima del interés local y de los dominicanos, recalcó.

«Tiene que dársele fuerza legal a la decisón que tomó Abinaber», refirió Matos, mientras exigen un decreto presidencial para que no se violen los principios y la soberanía ambiental.

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El proyecto Romero, promovido por la empresa canadiense GoldQuest Mining Corp., plantea la explotación subterránea de oro y cobre en el municipio de Hondo Valle, en plena Cordillera Central. Esta zona es considerada una de las principales fuentes hídricas del país, así como una zona clave para garantizar la soberanía alimentaria. Su vasta producción de habichuelas, maíz y arroz ha hecho que sea denominada como el “Granero del sur”.

Medios locales apuntan que existen alrededor de 90 solicitudes de explotación de proyectos mineros en fase de exploración, mientras que las concesiones otorgadas en años anteriores continúan vigentes.

Asimismo, desde las comunidades denunciaron persecusión contra pobladores por denunciar que la empresa canadiense aún seguía operando en el país.

GoldQuest presentó con anterioridad tres medidas de mitigación: relaves secos sin embalses de cola (tecnología que reduce riesgo de rotura de presas pero no elimina el DAM), ventiladores subterráneos para reducir ruido superficial, y 67.000 árboles plantados en la cuenca del río San Juan.

Sin embargo, la ecología de la restauración establece que los servicios ecosistémicos de un bosque maduro de la Cordillera Central no son intercambiables por plantaciones jóvenes en el corto plazo, ya que un bosque tarda siglos en madurar y una mina tarda 8 años en agotar su reserva.

En este sentido, GoldQuest tenía otras 14 áreas adyacentes (Valentín, La Guinea, Las Piedras, Descansado, Las Tres Veredas, La Pelada, Los Lechones, Loma de los Comíos, Los Gajitos, La Tachuela, Toribio, Loma de Cachimbo, Tocón de Pino y Agüita Fría). Estas cubren más de 209 millones de metros cuadrados, todos próximos al Parque Nacional José del Carmen Ramírez.

Para el periodista Valentín Ciriaco, en su artículo «Del oro taíno al oro de Goldquest: República Dominicana y su larga lucha contra el extractivismo minero», “el impacto financiero fue inmediato”, al referirse a la paralización del proyecto Romero por las fuerzas populares dominicanas.

“El Canadian Investment Regulatory Organization suspendió la cotización de GoldQuest el mismo 4 de mayo, tras una caída de más del 19 por ciento en bolsa. Miles de campesinos, mujeres rurales y jóvenes marchando bajo el sol habían sacudido la Bolsa de Toronto. Esa es la dimensión real de lo que ocurrió. GoldQuest respondió con el lenguaje estándar del capital extractivo ante una derrota que no puede reconocer como tal: reafirmó su compromiso con el desarrollo “responsable y transparente” e indicó que continuaría trabajando en el Estudio de Impacto Ambiental. No se retiró, sino que se pausó”.

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