La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este miércoles el texto base del Proyecto de Ley 2780/24, que busca impulsar la extracción de minerales estratégicos como parte de la transición energética.

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La iniciativa contempla el desarrollo de recursos como níquel, litio, grafito y tierras raras, insumos indispensables para la fabricación de baterías, motores eléctricos y tecnologías de energías renovables. Además, también apunta a reducir la dependencia externa en el ámbito agrícola, asegurando el acceso a minerales clave como el potasio y el fosfato, indispensables para la elaboración de fertilizantes.

La iniciativa, respaldada por todas las bancadas de la cámara baja, será ahora sometida a votación en el Senado y posteriormente enviada al presidente Luiz Inácio Lula da Silva para su sanción.

El proyecto establece un presupuesto cercano a los 950 millones de dólares en incentivos fiscales, que se aplicarán entre 2030 y 2034 para dinamizar el sector minero.

La propuesta incluye financiamiento para investigaciones geológicas, mecanismos que faciliten el proceso de licenciamiento ambiental y la creación de un régimen aduanero especial destinado a la exportación e importación de bienes vinculados a la cadena de producción minera.

La iniciativa no estuvo exenta de cuestionamientos. La diputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) advirtió que el proyecto carece de mecanismos que aseguren un desarrollo integral y criticó la ausencia de una empresa estatal que garantice el valor agregado en la explotación de minerales estratégicos.

Feghali también señaló la falta de normas claras sobre la participación de capital extranjero, recordando que la compañía estadounidense USA Rare Earth adquirió recientemente la minera Serra Verde por aproximadamente 2.800 millones de dólares, lo que evidencia la necesidad de establecer límites y regulaciones más precisas.

El Observatorio do Clima alertó sobre los riesgos del modelo extractivista, señalando que podría no garantizar beneficios públicos y provocar graves impactos ambientales y sociales, incluyendo violaciones a los derechos humanos en comunidades tradicionales.

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