La Cámara de Diputados argentina aprobó la media sanción del denominado «Súper RIGI», un régimen de incentivos para grandes inversiones que impulsa el Gobierno de Javier Milei y que ahora deberá ser tratado en el Senado.

El proyecto fue aprobado con 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones, en una sesión donde el oficialismo consiguió el respaldo de bloques aliados para avanzar con una de sus principales iniciativas económicas.

El «Súper Rigi» genera fuertes cuestionamientos de sectores opositores y organizaciones que advierten sobre un esquema de privilegios para grandes empresas, especialmente vinculadas a sectores tecnológicos y estratégicos, que implica cesión de soberanía y dependencia tecnológica.

El nuevo régimen plantea beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares, con especial atención a industrias consideradas estratégicas como inteligencia artificial, centros de datos y semiconductores, sectores que el Gobierno busca atraer desde grandes compañías internacionales.

Además, la iniciativa establece que las empresas adheridas pueden someter controversias legales directamente a arbitraje internacional (como el CIADI del Banco Mundial), evitando los tribunales de la justicia local o nacional argentina.

Un país diseñado para las grandes corporaciones

Desde sectores críticos al proyecto señalan que el Súper RIGI representa una profundización del modelo extractivo y una cesión de capacidades estratégicas del Estado frente a empresas extranjeras.

Al no imponer ningún tipo de condicionamiento al uso de la energía y el agua, la diputada de Unión por la Patria Adriana Serquis, expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), señaló que el proyecto se contrapone al mandato de la Carta Magna que busca “garantizar el ambiente para el futuro”.

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Asimismo, las objeciones apuntan a que las compañías beneficiadas accederían a condiciones especiales que no alcanzan a las pequeñas y medianas empresas nacionales, mientras que el Estado perdería herramientas para regular áreas consideradas claves para el desarrollo soberano.

El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica manifestó: «No estamos dimensionando las consecuencias de habilitar lo que es un régimen de excepción, quizás nunca visto. Claramente es una ley con nombre y apellido, a partir del nombre propio de Peter Thiel, pero también de otros que representan esta matriz política, ideológica y geopolítica». 

La discusión también se centró en el rol de Argentina dentro de la disputa global por la tecnología. Los cuestionamientos plantean que el país podría quedar reducido a proveedor de recursos, energía y datos para grandes corporaciones internacionales, en lugar de desarrollar una industria tecnológica propia.

El diputado Juan Marino, del bloque peronista Unión por la Patria, aseguró que “no es un proyecto aislado, sino que forma parte de un paquete legislativo junto con la inviolabilidad a la propiedad privada que se trata mañana en el Senado, junto con la Ley de Glaciares y la de sociedades”. Más adelante, agregó: “con este Súper RIGI buscan transformar a la Argentina en una economía de enclave, otorgándole a los monopolios tecnológicos privilegios fiscales para los próximos 30 años y que cualquier litigio se desarrolle en tribunales extranjeros”.

La iniciativa ahora deberá continuar su tratamiento en el Senado, donde seguirá el debate sobre los alcances del modelo económico neoliberal que impulsa el Gobierno de Javier Milei.

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