Las organizaciones de derechos humanos Democracia para el Mundo Árabe Ahora (DAWN) y la Alianza de Contribuyentes Contra el Genocidio (TAAG) presentaron este miércoles una demanda judicial contra el Gobierno de Donald Trump por las sanciones impuestas a la Corte Penal Internacional (CPI). La acción legal argumenta que las medidas punitivas atropellan los derechos constitucionales de los ciudadanos estadounidenses y limitan su labor de defensa humanitaria.

El recurso legal impugna la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump en febrero de 2025, emitida en represalia por las órdenes de arresto que la CPI dictó contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa de ese país, Yoav Gallant.

Dicha disposición presidencial sanciona a funcionarios del tribunal internacional que investiguen a EE.UU. o a sus aliados, extendiendo los castigos financieros y de viaje a organizaciones e individuos que colaboren con estas indagaciones.

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Bajo este marco, la Casa Blanca ha sancionado a fiscales, jueces, organizaciones palestinas proveedoras de pruebas e incluso a la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese. Las organizaciones demandantes sostienen que estas prohibiciones bloquean la libre asociación y limitan la libertad de expresión de los estadounidenses al impedirles comunicarse con el tribunal o trabajar con las partes sancionadas.

La querella señala que el Ejecutivo viola la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977, norma que prohíbe explícitamente el uso de sanciones presidenciales para restringir el flujo de información o materiales informativos de carácter personal.

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La demanda coincide con el anuncio del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien prometió una respuesta coordinada de todo el Gobierno para «desmantelar» el tribunal fundado en 2002. En un artículo de opinión publicado en The Wall Street Journal y en un video institucional del Departamento de Estado, Rubio calificó a la CPI de «árbitro irresponsable de una nueva ley global» y de estar controlada por «burócratas globalistas no electos» que atentan contra la soberanía del país norteamericano.

Aunque EE.UU. no es firmante del Estatuto de Roma y desconoce la jurisdicción del tribunal, la CPI sostiene que tiene competencia sobre ciudadanos de países no miembros que cometan crímenes en territorios de Estados que sí forman parte del acuerdo, postura aplicable tanto a las acciones militares de Israel en la Franja de Gaza como a las investigaciones abiertas sobre abusos de tropas y agentes de inteligencia estadounidenses en Afganistán.

The International Criminal Court seeks to become the unaccountable arbiter of a new global law — empowered to prosecute and arrest our citizens at will and existentially threaten American sovereignty.

We will teach the ICC the full meaning of American resolve. pic.twitter.com/2egHK1jA98

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 13, 2026

El director ejecutivo de DAWN, Omar Shakir, declaró que la actual administración emplea sanciones económicas como una herramienta de censura para controlar el debate político de millones de ciudadanos. El abogado de la demanda, Joseph Pace, enfatizó que la ley prohíbe al Gobierno criminalizar los contactos de ciudadanos estadounidenses con defensores de los derechos humanos cuyo único propósito es exigir justicia.

El proceso judicial se suma a otros desafíos legales vigentes, que incluyen fallos previos de jueces federales a favor de docentes de derecho que asesoran a la fiscalía de la CPI y recursos activos interpuestos por magistrados del propio tribunal penal contra el Gobierno de EE.UU.

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