El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este jueves demandas contra los estados de Maine, Massachusetts, Oregón y Washington por negarse a emitir placas de matrícula confidenciales para los vehículos utilizados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La administración del presidente Donald Trump acusa a estas entidades de desafiar las exigencias federales y violar la Cláusula de Supremacía de la Constitución.

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El gobierno federal argumenta que las matrículas encubiertas son esenciales para la “eficacia operativa y la seguridad” de los agentes, quienes supuestamente enfrentan una “oleada de acoso selectivo”. Según la demanda, el uso de placas visibles permite que los objetivos de las deportaciones localicen a los oficiales y evadan la vigilancia, poniendo en riesgo las operaciones.

«Si los agentes federales no pueden usar placas confidenciales, individuos peligrosos pueden rastrear y evadir a las fuerzas del orden. No existe justificación alguna para que los estados nieguen placas confidenciales a los agentes federales», declara el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa.

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— teleSUR TV (@teleSURtv) May 29, 2026

El fiscal general interino, Todd Blanche, calificó las políticas estatales como “discriminatorias y obstruccionistas”, afirmando que “socavan la aplicación de las leyes federales de inmigración”, poniendo en peligro a los agentes. «Este Departamento de Justicia ejercerá todas las facultades legales a su alcance para apoyar a los valientes hombres y mujeres de las fuerzas del orden”, señaló Blanche.

Sin embargo, los gobernadores de los estados demandados han rechazado frontalmente la medida, como es el caso de la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, que denunció que la administración busca que el ICE “opere en secreto”, incluso frente a las fuerzas del orden locales. “No vamos a ayudarlos a operar en secreto mientras se llevan a la gente de nuestras calles sin motivo alguno”, afirmó Healey, distinguiendo las acciones del ICE de otras labores policiales legítimas.

Por su parte, autoridades de Oregón explicaron que suspendieron temporalmente todos los registros federales para evaluar su legalidad bajo las leyes locales, incluidas las normas de “estado santuario”. Amy Joyce, funcionaria del Departamento de Transporte estatal, señaló que la emisión de placas encubiertas es discrecional y no obligatoria.

Los estados argumentan que el ICE persigue principalmente infracciones civiles, no crímenes, por lo que no requiere las mismas protecciones de identidad que otras agencias, a lo que se suma el criterio de grupos de vigilancia que consideran que esto aumentaría el número de . La batalla judicial define ahora los límites entre la autoridad federal y la autonomía estatal en materia de seguridad y migración.

Este conflicto legal se produce en medio de la controversial campaña de deportaciones masivas impulsada por Trump, criticada por organizaciones de derechos humanos debido a reportes de arrestos legales y violencia.

La controversia sobre la rendición de cuentas del ICE remonta al caso de Renee icole Good, donde la opinión sobre el servicio empeoró tras declaraciones del vicepresidente JD Vance, quien inicialmente sugirió que un agente involucrado en un fatal tirotego gozaba de “inmunidad absoluta”, pero luego se retractó.

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