Decreto en Colombia suspende veeduría ciudadana en altos cargos del Ejecutivo
La norma deja sin efecto durante 15 días la verificación pública de los aspirantes al nuevo Gabinete y concentra el rechazo de sectores sociales.
Analistas coinciden en que la supresión temporal del filtro ciudadano de transparencia contrasta de forma directa con la narrativa anticorrupción promovida por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Foto: EFE.
25 de agosto de 2026 Hora: 05:21
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El Decreto 1012 de 2026 suspende por 15 días en Colombia la publicación de hojas de vida y la evaluación de aspirantes a cargos de libre nombramiento, lo que genera rechazo y acciones legales.
La medida deja temporalmente en suspenso los mecanismos de control social e inspección pública previa sobre los expedientes de los funcionarios del nuevo Gabinete. Con ello, la disposición impide que la ciudadanía, los medios comunitarios y las fuerzas políticas verifiquen eventuales conflictos de interés o cuestionamientos éticos y judiciales antes de la toma de posesión de los designados.
Desde diversos frentes de la sociedad civil se advierte que la interrupción del trámite de transparencia institucional abre paso a cuestionadas designaciones dentro de la estructura estatal.
El Decreto 1012 de 2026 omite los filtros habituales contemplados en la legislación del empleo público y anula durante dos semanas el derecho ciudadano a formular observaciones previas sobre la idoneidad y los antecedentes de los nuevos ministros y directores departamentales.
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Analistas coinciden en que la supresión temporal del filtro ciudadano de transparencia contrasta de forma directa con la narrativa anticorrupción del Gobierno de Abelardo de la Espriella.
El politólogo de la Universidad Nacional, Alejandro Chala, advirtió sobre las contradicciones entre la narrativa oficialista y las prácticas de contratación estatal. Chala enfatizó que el nuevo Gobierno se promovió con una postura punitiva y severa contra la corrupción; sin embargo, en la práctica recurrió a nombramientos altamente cuestionados por su idoneidad o por su alineación en batallas ideológico-culturales.
Por su parte el representante a la Cámara por Bogotá y dirigente del Pacto Histórico, Gabriel Becerra Yáñez, denunció que las primeras decisiones ejecutivas reflejan nepotismo y responden a los intereses de sectores tradicionales. El legislador subrayó que el decreto impide que las organizaciones sociales y la ciudadanía verifiquen la idoneidad y los antecedentes de los nuevos funcionarios antes de su posesión.
Becerra cuestionó, además, presuntas faltas a la ética, como la creación de fundaciones privadas por parte de la primera dama para gestionar recursos sin declararse impedida.
El congresista señaló casos de nepotismo institucional, entre ellos la concentración de poder de la familia Gómez, que ostenta simultáneamente una curul en el Senado, la Secretaría Privada de la Presidencia y la titularidad del Ministerio de Hacienda.
El legislador advirtió que la llegada de funcionarios vinculados a sectores latifundistas y gremios opuestos a la democratización de la tierra al sector agrícola busca frenar e invertir los avances logrados en materia de restitución y distribución rural.
Las organizaciones sociales y las bancadas de oposición mantienen, mientras tanto, la exigencia de restablecer los mecanismos de control ciudadano sobre la conformación del Gabinete y de garantizar la transparencia en la gestión del Estado.
Autor: teleSUR - er - JML
Fuente: Agencias
