A dos semanas del doble terremoto que golpeó su litoral el 24 de junio, La Guaira muestra señales de recuperación. El estado costero, declarado zona de desastre y epicentro del mayor daño, reactiva su comercio y restituye los servicios que el evento sísmico interrumpió, con el respaldo de una movilización internacional sin precedentes recientes en el país.

Por solicitud de Venezuela, llegaron 51 delegaciones de rescatistas y voluntarios extranjeros, unos 3.660 especialistas con 148 perros de búsqueda, todos coordinados por la ONU. El organismo mantiene, además, la asistencia humanitaria como prioridad para 1.3 millones de personas afectadas, informó su subsecretario de Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, quien valoró desde La Guaira la «extraordinaria movilización» de una solidaridad «coordinada y práctica».

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, detalló el avance de los servicios durante una inspección en el sector La Playa, en Macuto. El 96% de la entidad ya cuenta con energía eléctrica y 21 subestaciones fueron recuperadas por completo. «Quiero agradecer al equipo de energía eléctrica, al equipo de Corpoelec», declaró el 9 de julio. El agua potable alcanza el 84% de cobertura, con cisternas que abastecen las zonas colapsadas mientras se reponen las redes.

Ese pulso de reconstrucción choca con el retrato que ofrece Libération. En su reportaje más reciente, el corresponsal Benjamin Delille describe a una población abandonada y traumatizada, indignada ante la supuesta inacción del Gobierno y situada bajo la tutela de Washington.

El texto ordena la tragedia alrededor de una idea rectora, la del desamparo, y desplaza a un segundo plano el operativo desplegado en la costa (a efectivos, rescatistas y voluntarios nacionales que llevaron la respuesta inmediata tras el movimiento sísmico, se sumaron en las horas y días siguientes miles de expertos internacionales).

La analista internacional Carolina Escarrá describió las críticas difundidas en redes y prensa como una «guerra cognitiva» dirigida a deslegitimar a las instituciones que atienden la emergencia.

El presidente de Hinterlaces, Óscar Schémel, amplió el diagnóstico y sostuvo que esas campañas apuntan a destruir la «marca país» de Venezuela en su conjunto, no solo al Gobierno, como parte de un intento de desestabilización posterior a los sismos. La cuenta Miraflores Al Momento sumó su denuncia y atribuyó a Delille una matriz destinada a desdibujar el esfuerzo del Estado.

Mientras crecía la controversia, el Ejecutivo venezolano movió sus fichas en el terreno financiero.

La mandataria (E) Delcy Rodríguez conversó con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, para acceder al tramo de reserva del país, cercano a 350 millones de dólares y de disponibilidad inmediata, y reclamó los derechos especiales de giro asignados en 2021, unos 4.500 millones congelados durante años debido a las sanciones ilegales contra Venezuela.

La ONU, en paralelo, cifró en 296 millones adicionales la ayuda requerida para sostener la asistencia durante seis meses.

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Los números respaldan buena parte del relato oficial. El Estado reporta 87 campamentos transitorios que resguardan a más de 14.000 damnificados, junto a la atención de decenas de miles de familias en Caracas, Miranda, Aragua y otros estados golpeados por los sismos de magnitudes 7.2 y 7.5, cuyo balance oficial asciende a 3.889 fallecidos y 16.740 heridos.

Socorro, atención y recuperación en La Guaira y todas las zonas afectadas

El Estado venezolano no solo aseguró y mantuvo la respuesta de socorro y apoyo a los damnificados desde poco después de los sismos, sino que muy pronto creó estructuras gubernamentales (un Estado Mayor y una comisión presidencial) para liderar y gestionar el funcionamiento de los campamentos transitorios e inspeccionar y diagnosticar los cientos de edificios y otras infraestructuras afectadas.

A ello se sumaron un fondo de reconstrucción y la Gran Misión Venezuela Renace, que no solo contemplan el rescate de fondos del país congelados por las medidas coercitivas unilaterales (más de 1.000 siguen vigentes), sino la construcción de viviendas, la asesoría de países y expertos con experiencia en la construcción sismorresistente y beneficios impositivos y de subsidios para los afectados.

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Hoy, poco más de dos semanas después del evento sísmico —no solo de gran magnitud sino singular por el solapamiento en menos de un minuto de dos terremotos de 7.2 y 7.5 superficiales (a 20 y 10 km de profundidad), en un segmento que llevaba más de un siglo acumulando energía tectónica—, en Venezuela se atiende a 86.794 familias y a miles de pacientes, han sido distribuidos millones de litros de agua, miles de toneladas de alimentos y otros insumos que necesitan quienes perdieron todo, mientras ya se trabaja en la reparación y la reconstrucción de infraestructura.

Este sábado arranca el registro único de vivienda, para conocer en detalle la situación de cada una de las personas en los campamentos transitorios en cuanto a las condiciones de sus hogares.

Y todo avanza con el Estado y el Gobierno haciendo su papel junto a agencias de la ONU, la cooperación internacional de decenas de países y la invaluable, abrumadora solidaridad de los propios venezolanos. Esa realidad, ese país que se recupera y va sanando colectivamente en medio de la catástrofe y el trauma sufridos, parece no ser aquel desde donde el corresponsal Benjamin Delille cuenta para Libération.

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