El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, calificó este jueves de «agresión unilateral» la nueva oleada de sanciones ilegales de Estados Unidos contra la isla y subrayó que, aunque agravan «la difícil situación» del país, «refuerzan nuestra determinación de defender la patria, la Revolución y el socialismo en la misma medida».

«Nuestro pueblo ya conoce la crueldad que hay detrás de las acciones del Gobierno de EE.UU. y la crueldad con la que es capaz de atacarnos», dijo el jefe de Estado en una publicación en X.

Agregó que el pueblo cubano «entiende, al igual que el resto del mundo, que esto es una agresión unilateral contra una nación y una población cuya única ambición es vivir en paz, dueños de su propio destino y libres de la perniciosa interferencia del imperialismo estadounidense».

La Casa Blanca ha sumado nuevas medidas coercitivas unilaterales al ya largo expediente de acciones para asfixiar económicamente a Cuba, iniciado en la década de 1960. Las sanciones anunciadas este jueves por el Departamento de Estado, contra el Grupo de Administración Empresarial SA (GAESA) y a Moa Nickel SA, responden a la orden ejecutiva firmada por Trump el pasado 1 de mayo.

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Ese paquete está dirigido a golpear sectores claves para la economía cubana como la energía, la minería y los servicios financieros, y analistas lo han señalado no solo como evidencia, sino como otro paso de reforzamiento del carácter extraterritorial del bloqueo a Cuba.

Durante décadas, los Gobiernos de EE.UU. han argumentado que el «embargo», como lo denominó Kennedy en los 60, es un asunto bilateral.

Sin embargo, analistas cubanos e internacionales señalan que leyes y resoluciones que conforman la compleja madeja legal de esa política, como la Ley Helms-Burton (1996), tienen efectos de intimidación y castigo de la inversión o las relaciones financieras o comerciales con la Isla: implican a terceras naciones en el bloqueo.

La orden ejecutiva del pasado 1 de mayo fue firmada cuatro meses después de otra con la que Trump impuso un bloqueo energético a Cuba, que ha recibido solo un barco petrolero desde enero, y también emplea el argumento de la isla como una «amenaza extraordinaria e inusual» a la seguridad de EE.UU. para justificar la agresión.

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Una política de asfixia económica y financiera contra Cuba

Además de sancionar a personas y más entidades en Cuba, especialmente en sectores claves como energía, minería y servicios financieros, apuntan contra cualquier persona o entidad extranjera que haga negocios o transacciones con entidades cubanas «sancionadas», prometiendo bloqueo de sus activos en EE.UU., cierre de cuentas o prohibición de operar en dólares.

Alejandro García del Toro, subdirector general de la Dirección General de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, señaló que con la orden ejecutiva del 1 de mayo la intimidación es de carácter directo. Incluso ─dijo─, “establece que no hay necesidad de notificar a los afectados”.

García del Toro dijo el programa televisivo Mesa Redonda que «en las próximas semanas, en los próximos meses y probablemente desde esta misma semana» se podrán comenzar a sentir esos efectos sobre la economía del país, ya golpeada por décadas de bloqueo.

El funcionario recordó que, por años, Washington ha usado argumentos falsos para justificar el bloqueo y afirmado que su fin es el bienestar del pueblo cubano, mientras le impone un castigo colectivo, intentando a la vez sembrar la matriz de que la situación económica de Cuba responde a la «incompetencia» del Gobierno.

«Si no hay bancos extranjeros que faciliten al país pagar a las empresas por los insumos que compra, si no puede cobrar por sus exportaciones, si no tiene cómo cobrar esos dineros, entonces no tiene ingresos para hacer operar su economía», dijo Del Toro.

Trump, que al inicio de su primer mandato impuso 243 medidas de castigo a Cuba, adoptó otras en las primeras semanas de su segundo término en la Casa Blanca.

Entre ellas están la reinserción de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, con severos efectos en la relación de Cuba con el sector bancario internacional y en su capacidad para transferencias; la aplicación de medidas de restricción de viaje a Cuba (golpeando su sector turístico) y la reinstauración de la activación del título III de la Ley Helms-Burton, que tiene un fuerte efecto intimidatorio entre inversionistas.

A raíz de las nuevas sanciones ilegales, el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, afirmó que con estas medidas «el Gobierno de Estados Unidos confirma su intención genocida contra la nación cubana y despeja toda duda sobre la falsedad de sus pretextos para agredir a nuestro país».

«Su actuación descansa en la confianza de que puede imponer su voluntad al resto de los Gobiernos del mundo, cuyos ciudadanos y empresarios quedan amenazados ante la coerción ilegítima del Gobierno estadounidense“, dijo Rodríguez Parrilla en X.

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La aplicación extraterritorial del bloqueo a Cuba ha hecho que grandes bancos europeos sean multados por gestionar transferencias cubanas, que muchas empresas se abstengan de invertir en la isla o venderle bienes y productos, y de que muchas navieras eviten tocar puerto cubano (o, en caso de transportar carga a la isla, con un sobregiro de los fletes).

Bajo la Administración Trump, además, Estados Unidos ha desplegado una fuerte campaña de presiones contra las brigadas médicas cubanas desplegadas en varios países y arreciado la retórica hostil contra La Habana, con frecuentes amenazas de intervención.

Según el último informe de Cuba a la Asamblea General, los daños económicos por el bloqueo, a precios corrientes, superan los 170.677 millones de dólares.

Tomando en consideración el valor del oro en el mercado internacional, para evitar las fluctuaciones del valor del dólar, la cifra es superior a 2.1 billones.

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