Para hablar de la actual crisis económica cubana hay que mirar dos realidades al mismo tiempo. Por un lado, Cuba enfrenta más de seis décadas de bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, una política que se ha endurecido en los últimos meses y que, según las autoridades cubanas, busca presionar al país hasta provocar un cambio de políticas, económicas y sociales.

Por otro, una economía en crisis, provocada por las políticas de asfixia impuestas por las sucesivas administraciones de la Casa Blanca desde hace más de seis décadas y agravadas en 2026, tras un año de mandato de Donald Trump. Una economía que ha sido arrastrada a bajos niveles de producción, inflación, déficit fiscal, falta de divisas, dificultades energéticas y una estructura que necesita cambios para responder con mayor rapidez a las necesidades de la población. Ambas realidades terminan encontrándose en un mismo lugar; en la vida cotidiana de los cubanos.

El bloqueo estadounidense contra Cuba está vigente desde 1962. Según cifras presentadas en septiembre por el Ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez, sus daños económicos acumulados superan los 178.700 millones de dólares a precios corrientes. Solo entre marzo de 2025 y febrero de 2026, La Habana calcula pérdidas superiores a los 8.000 millones de dólares, la cifra anual más alta registrada por Cuba. Pero detrás de esas cifras hay consecuencias.

Uno de los ejemplos más graves es el combustible. Las nuevas medidas estadounidenses han incrementado la presión sobre los proveedores tradicionales de Cuba y sobre las compañías navieras dispuestas a transportar combustible hacia la isla. Incluso cuando existe un proveedor dispuesto a vender, conseguir un barco que acepte llegar a territorio cubano se ha convertido en un obstáculo adicional.

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El resultado es una cadena de mayores costos, dificultades logísticas y menor disponibilidad de energía. Y cuando faltan el combustible y la energía, la crisis es multidimensional. Se afectan el transporte público, la agricultura, la industria, la generación eléctrica, la distribución de alimentos y el funcionamiento de servicios esenciales.

La economía se vuelve más difícil de gestionar. Las restricciones estadounidenses no solo afectan las operaciones comerciales de la Isla, sino que generan un efecto de temor sobre empresas de terceros países. Según el viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga, algunas compañías extranjeras han reducido o abandonado negocios en la isla ante el riesgo de sanciones estadounidenses.

Este año, Sherritt, la empresa canadiense responsable de una de las mayores inversiones extranjeras en el sector minero cubano, suspendió su participación en la extracción de níquel y cobalto. A esto se sumó la decisión de Visa y Mastercard de suspender sus operaciones de pago en la isla, mientras que las navieras CMA CGM y Hapag-Lloyd cancelaron sus operaciones de carga marítima. En el sector turístico, las cadenas hoteleras españolas Meliá Hotels International e Iberostar dejaron de operar un total de 27 hoteles.

“Ese efecto extraterritorial es particularmente significativo para una economía pequeña y dependiente del comercio exterior”, ha señalado el viceprimer ministro. A su juicio, esa política de asfixia económica se ha hecho especialmente evidente en 2026.

Sin embargo, reconocer el impacto del bloqueo no significa que haya que esperar de brazos cruzados a que la crisis económica y los problemas internos se resuelvan por sí mismos, ni que haya que esperar a un cambio de política desde la Casa Blanca. La propia dirigencia cubana reconoce que existen distorsiones y limitaciones que deben ser corregidas con urgencia, en un contexto interno marcado por bajo crecimiento, inflación elevada, déficit fiscal, caída de la producción y dificultades para generar divisas.

Por eso, en junio de 2026, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó 176 transformaciones económicas y sociales, hecho presentado como uno de los procesos de cambio económico más profundos de las últimas décadas.

Reforma económica impostergable

Las medidas abarcan sectores como agricultura, industria, servicios, comercio, turismo, inversión extranjera, cooperativas y trabajo por cuenta propia.

También incluyen cambios en la gestión de las empresas estatales, nuevas posibilidades para actores privados y cooperativos, modificaciones en el régimen de tierras, apertura a determinadas formas de banca privada y mecanismos destinados a facilitar la inversión y el comercio.

La dirección del proceso es clara: producir más, descentralizar, aprovechar mejor los recursos disponibles y crear condiciones para que la economía genere más bienes, servicios, ingresos y empleos.

La cuestión central no es solamente cuánto cambia una ley o cuántas normas se aprueban. La verdadera medida de esta reforma económica está mucho más cerca de la vida cotidiana: si hay más alimentos, si bajan los precios, si el transporte responde a la demanda, si aumenta la producción nacional, si una pequeña empresa puede acceder a financiamiento, o si un agricultor puede producir y vender con menos obstáculos. Ese es precisamente el desafío que enfrenta Cuba: encontrar soluciones propias a una crisis multidimensional que le ha sido impuesta al país desde Washington.

Referentes chino y vietnamita en la búsqueda de un camino propio

Entre las referencias utilizadas para pensar estas transformaciones aparece China y el proceso iniciado en 1978. El paralelismo planteado por investigadores cubanos no significa copiar el modelo chino. Se trata, más bien, de estudiar cómo un Estado socialista puede introducir mecanismos económicos diferentes para estimular la producción sin abandonar la dirección estatal del proceso.

El investigador Eduardo Regalado Florido ha señalado que China constituye un referente para las transformaciones cubanas precisamente por su experiencia de combinar reformas económicas con la continuidad del proyecto socialista.

Igualmente, “el país ha estudiado mucho la propia experiencia de Vietnam”, reconoció el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz. Aunque ambas naciones están geográficamente distantes, tienen objetivos parecidos: permitir la competencia, la propiedad privada y la formación de precios mediante el mercado, pero en un escenario en que el Estado mantiene un papel importante en sectores estratégicos y en la planificación del desarrollo.

Tres meses después de la aprobación del paquete, el Gobierno cubano informó que 158 de las 176 transformaciones (el 89 %) ya se encuentran en implementación, respaldadas por 197 normas jurídicas. Marrero Cruz, describió la fase de aplicación como «la etapa más importante y tal vez la más difícil».

En Cuba, la reforma económica se discute en cifras, medidas y estrategias. Pero también tiene un rostro cotidiano. Es el de una madre que, en medio de un apagón, enciende un fuego de leña para preparar la comida de sus hijos. Mientras el país busca transformar su gestión económica y encontrar nuevas vías para producir, crecer y garantizar bienes esenciales, la resiliencia de las familias continúa cocinándose en la intimidad de cada casa.

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