El Gobierno de Donald Trump anunció una restrictiva norma migratoria que exige a los solicitantes de residencia permanente salir de Estados Unidos para completar el trámite desde sus países de origen, afectando a cientos de miles de inmigrantes y familias trabajadoras.

Esta medida, de corte xenófobo, amenaza con desestabilizar la vida de quienes buscan vivir y trabajar legalmente en el país norteamericano, forzándolos a abandonar sus empleos y separando violentamente a miles de núcleos familiares.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) alegó que esta directriz busca reducir la supuesta necesidad de expulsar a quienes permanezcan en el territorio tras una eventual denegación de residencia. 

El proceso para obtener este estatus es notoriamente arduo, extendiéndose por meses o incluso años, contemplando el USCIS únicamente exenciones bajo «circunstancias extraordinarias» para un trámite ya de por sí complejo.

Este endurecimiento administrativo, que afecta a la población migrante –la cual en el año fiscal 2024 sumó 1.4 millones de personas beneficiadas con la residencia legal– ha desatado un aluvión de críticas y promesas de impugnaciones judiciales.

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La representante demócrata Delia C. Ramírez calificó la política como algo «más allá de cruel», exigiendo el desmantelamiento total del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). 

Asimismo, el congresista Greg Stanton denunció que la Casa Blanca entorpece a propósito las vías legales, privando al país del desarrollo y las contribuciones económicas de investigadores, médicos e ingenieros.

David J. Bier, especialista del Cato Institute, catalogó la orden de ilógica y advirtió que la pérdida de capital humano talentoso socavará directamente la competitividad económica de la nación norteamericana.

La imposición de esta normativa representa el ejemplo más reciente de la estrategia del Gobierno de Trump para asediar y frenar los flujos migratorios, ensañándose no solo con los sectores indocumentados sino también con los procesos de regularización legal. 

Bajo la doctrina del chovinismo imperial, la administración ha reducido drásticamente las solicitudes de asilo, eliminó el Estatus de Protección Temporal (TPS) que amparaba a sobrevivientes de guerras y catástrofes naturales, bloqueó la admisión de refugiados –salvo para sudafricanos blancos– y restringió severamente el acceso a visados de trabajo y estudio.

Asimismo, bajo el pretexto de un tiroteo en Washington que costó la vida a dos guardias nacionales, el régimen ordenó auditar las residencias ya otorgadas a ciudadanos de 19 países catalogados arbitrariamente «de preocupación».

Esta acción se realizó a pesar de que el imputado de dicho suceso ingresó bajo un estatus de asilo en 2021 y no por la vía de la «green card», evidenciando la arbitrariedad en la aplicación de las medidas restrictivas contra la población migrante.

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