La Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) determinó que los aranceles del 100 por ciento impuestos por el Gobierno de Ecuador a Colombia —que generaron una crisis económica en la frontera— son ilegales e incompatibles con el Acuerdo de Cartagena, firmado en 1969. El organismo regional exigió al Ejecutivo de Daniel Noboa retirar este gravamen en un plazo máximo de 10 días hábiles por violar los tratados vigentes.

En la Gaceta Oficial publicada este 7 de mayo, la institución recordó que el Programa de Liberación firmado entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú busca eliminar restricciones entre los países miembros para mejorar la calidad de vida de sus pueblos. Esta normativa internacional prohíbe explícitamente cualquier impuesto que afecte el intercambio de productos originarios dentro de la zona de integración subregional.

El organismo cuestionó la postura de Quito sobre la supuesta falta de control en la frontera colombiana para justificar la medida. Según la resolución, la imposición de aranceles por el Gobierno de Noboa no combate las actividades ilícitas ni fortalece la vigilancia en los pasos fronterizos autorizados, y en cambio introduce una restricción unilateral al comercio formal, con significativos daños a diversas actividades productivas y a la generación de empleos e ingresos.

A juicio de la CAN, la gestión efectiva de los límites territoriales requiere necesariamente de la cooperación binacional y no de limitaciones unilaterales al comercio formal. El secretario general Gonzalo Gutiérrez enfatizó que las restricciones actuales no inciden sobre las dinámicas delictivas que ocurren en los cruces informales.

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La resolución exhorta a ambos Gobiernos a fortalecer sus mecanismos de coordinación en materia de seguridad fronteriza mediante acciones conjuntas y diplomáticas. Se busca que las problemáticas de seguridad no interfieran con el desarrollo normal del flujo comercial entre las naciones vecinas.

El documento advierte que la integración andina tiene como objetivo primordial mejorar la calidad de vida de sus habitantes mediante el intercambio. Ecuador debe ahora acatar el mandato administrativo para evitar sanciones adicionales dentro del sistema jurídico de la CAN.

La guerra comercial entre ambos países comenzó con la imposición de aranceles del 30 por ciento a partir del 1 de febrero y del 50 por ciento desde el 1 de marzo por parte del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, bajo la justificación de una poca participación por parte de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Ello suscitó la respuesta de Colombia, que impuso aranceles recíprocos y suspendió la venta de electricidad a Ecuador.

A inicios de marzo, el Comité Empresarial Ecuatoriano y la Asociación Nacional de Industriales señalaron que las medidas de Noboa y los aranceles recíprocos de Colombia alteraron las cadenas productivas y de exportación, con repercusiones que alcanzan a distintas regiones de ambos países.

De acuerdo con estimaciones de ambas entidades, cerca de 2.000 empresas se verían directamente afectadas por el conflicto comercial, lo que podría comprometer alrededor de 200.000 puestos de trabajo vinculados al intercambio bilateral. Además, se ha planteado que Ecuador podría registrar una pérdida cercana al 1 % de su Producto Interno Bruto si la disputa se prolonga.

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