Sectores opositores en Colombia expresaron su rechazo al memorando de acuerdo estratégico firmado hace más de un mes entre el presidente ultraderechista Abelardo de la Espriella y el Gobierno de Estados Unidos, al argumentar que el pacto tendría implicaciones socioeconómicas para el país, a la vez que cuestionaron su alcance.

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Aseveraron que el nuevo vínculo entre Washington y Bogotá se sustenta en un proyecto extractivista minero que compromete ecosistemas en materia social y ambiental. La senadora del Pacto Histórico, Carolina Corcho, sostiene que el acuerdo subordina la soberanía nacional al extractivismo minero energético al servicio de la industria estadounidense.

Corcho añadió que el documento contemplaría la simplificación de permisos para mineras extractivistas, la entrega de mapas geológicos y el conocimiento, por parte del Gobierno de EE.UU., de las ventas previstas en Colombia para la toma de decisiones.

La oposición califica el acuerdo de mercantilista y cuestionan que se haya concretado sin participación de la sociedad civil colombiana, que tiene derecho a decidir sobre el uso de sus tierras. Esas tierras albergan minerales estratégicos claves para el rendimiento tecnológico, industrial y militar.

Entre los recursos destacan el litio, el níquel, el uranio y el cobre, fundamentales para fabricar teléfonos celulares, computadoras, microprocesadores, sistemas de radares, misiles guiados y equipos de defensa. Estos materiales también se emplean, en ocasiones, con fines bélicos.

Gran parte de esos recursos se extraería en la Amazonía, el Pacífico y sectores del Caribe, donde existen extensas áreas con tierras raras y minerales estratégicos. En su mayoría, son zonas habitadas por población afro, indígena y campesina, lo que añade factores de preocupación, según la oposición, y donde el Gobierno habría levantado restricciones ambientales.

El analista colombiano Ricardo Vargas señala que esos “territorios poseen una sensibilidad social, por lo que las comunidades suelen movilizarse ante riesgos para la tierra, el agua, el aire y la biodiversidad”. Vargas plantea una medida de contención de la protesta social y alerta por la presencia de grupos armados que acceden ilegalmente a esos recursos.

De acuerdo con la denuncia, el Ejecutivo estaría despejando territorios resguardados para permitir el ingreso de extranjeros y la explotación de recursos. El documento omitiría consultas previas y licencias ambientales, y entregaría el mapa geológico minero a disposición de la economía y las empresas estadounidenses.

Mientras tanto, el Ejecutivo declaró que el memorándum no es vinculante, con el fin de evadir obligaciones constitucionales y el estudio obligatorio del Congreso de la República. La oposición traza un paralelo con lo ocurrido con Álvaro Uribe Vélez y la presencia de bases militares en el país.

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