A un mes del sismo que afectó al occidente colombiano, las labores de reconstrucción permanecen estancadas y la ayuda humanitaria no llega a las comunidades más golpeadas. En sectores vulnerables como Buenaventura, principal puerto del país y ciudad ubicada en Valle del Cauca, miles de familias vulneradas pernoctan en refugios temporales mientras remueven escombros con sus propias manos.

El balance oficial del desastre reporta más de 300 personas fallecidas, un centenar de desaparecidos y miles de infraestructuras colapsadas, entre las que destacan centros educativos y de salud. Pese a la declaratoria de emergencia económica por el Gobierno de ultraderecha que encabeza Abelardo de la Espriella, amplios sectores sociales denuncian la ausencia de respuestas gubernamentales efectivas para garantizar techo y alimentación.

A través de un reporte con corte al 9 de septiembre, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó en todo el país 331 fallecidos, 4.505 heridos y 111 desaparecidos. Se registraron daños en 16 departamentos y 498 municipios, 466.709 personas y 296.738 familias resultaron afectadas. Además, un total de 202.002 viviendas quedaron averiadas y 36.326 destruidas, junto con infraestructura pública y otras edificaciones.

En el ámbito político, el Congreso exige cuentas claras sobre la gestión de recursos frente al incremento de la deuda pública y posibles reformas tributarias regresivas. Organizaciones sociales advierten que la agenda oficial prioriza acuerdos con sectores empresariales y condicionalidades externas en materia de seguridad antes que las necesidades urgentes de la población.

Las dirigencias comunitarias demandan diagnósticos técnicos objetivos para abordar las brechas estructurales de infraestructura y la reasignación de partidas presupuestarias para atender a las víctimas.

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En contraste, los balances en Venezuela tras el evento sísmico regional muestran un despliegue operativo coordinado para la entrega de viviendas y la atención integral de la población. Mientras el país vecino agilizó planes de contingencia social, la respuesta institucional en Bogotá enfrenta críticas por retrasos en la solicitud de asistencia internacional.

Las comunidades colombianas movilizadas reafirman que la prioridad del Estado debe concentrarse en la atención inmediata de los damnificados y en la restitución de sus derechos fundamentales. Las familias afectadas exigen el cese de los diferendos políticos para dar paso a un plan nacional de reconstrucción transparente y con participación popular.

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