Una delegación internacional de derechos humanos integrada por legisladores, dirigentes sindicales y activistas de Argentina fue retenida en el aeropuerto de El Alto, Bolivia, y posteriormente deportada, tras viajar por vía aérea para constatar denuncias sobre presuntas violaciones a las garantías fundamentales.

La comitiva, que ingresó al territorio tras realizar trámites migratorios en Santa Cruz, incluye entre sus miembros al diputado nacional de Unión por la Patria, Juan Marino, y a la legisladora porteña por el Frente de Izquierda, Vanina Biasi, quienes viajaron bajo invitación oficial para participar en la Asamblea Plurinacional.

A través de redes sociales, el diputado nacional de Argentina por Unión por la Patria, Juan Marino, denunció que tras realizar los trámites correspondientes y recibir la autorización de ingreso en Santa Cruz, la delegación fue obligada a entrar en la sala de inadmitidos al llegar a la capital boliviana sin recibir ningún tipo de explicación oficial.

NO NOS PERMITIERON INGRESAR A BOLIVIA

Ya estamos en vuelo volviendo a Argentina. A las 16:30 hacemos conferencia de prensa en Ezeiza pic.twitter.com/znmWnOjIwW

— Juan Marino (@JuanMarinoTPR) June 15, 2026

Marino detalló que los funcionarios locales retuvieron su pasaporte oficial diplomático y que un inspector migratorio reconoció de manera explícita la existencia de un error administrativo cometido por las propias autoridades de control en Santa Cruz.

El legislador argentino calificó la situación como un procedimiento irregular que incluyó tratos que no corresponden hacia una comitiva internacional, cuyo propósito debe respetar las normativas del Estado Plurinacional de Bolivia. Asimismo, Marino confirmó que el incidente se trasladó de inmediato al terreno diplomático con la intervención directa de la Embajada de Argentina.

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Pese a las gestiones e intentos de comunicación entre los canales de ambos países, el diputado señaló que la cancillería boliviana resolvió de manera definitiva prohibir el ingreso de toda la delegación a la nación andina, manteniendo la orden de retención y posterior expulsión del territorio.

En paralelo, la exdiputada argentina Mercedes Trimarchi también denunció la expulsión y deportación de la delegación tras arribar a la ciudad de La Paz, calificando la acción de las autoridades migratorias como una muestra directa de la actitud violenta y represiva del gobierno de Rodrigo Paz.

Nuestra compañera Soledad Mosquera, Secretaria General de Ademys y de Izquierda Socialista, integrante de la misión de derechos humanos junto a decenas de refentes sindicales, políticos y de DDHH nos informa que no les permitieron el ingreso a La Paz pese a haber realizado todos… pic.twitter.com/gu8SQcabF8

— Mercedes Trimarchi (@MercedesTrimar) June 15, 2026

La activista detalló que la medida se ejecutó aun cuando los integrantes de la comitiva internacional ya habían realizado de manera completa todo el trámite migratorio reglamentario exigido para ingresar a territorio boliviano.

Ante este procedimiento de expulsión masiva con rumbo a Santa Cruz, Trimarchi reafirmó la solidaridad de la delegación con las movilizaciones populares que se mantienen activas en las calles de la nación andina desde hace más de 40 días.

La exparlamentaria responsabilizó de manera directa a la administración de derecha del presidente Rodrigo Paz por la integridad física y la seguridad de cada uno de los miembros que conforman esta comitiva humanitaria.

Además recordó que el objetivo central de la comitiva consistía precisamente en relevar las graves violaciones hacia los derechos humanos y brindar un respaldo fraterno a las demandas sociales de la población boliviana.

Finalmente, enviaron un mensaje de aliento manifestando que si el pueblo boliviano gana su batalla, se consolidará una victoria colectiva para todas y todos los luchadores sociales de la región ante el avance de la ultraderecha.

Ante este hecho, el presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara Baja argentina, Germán Martínez, denunció la retención y exigió a las autoridades consulares garantizar la libertad e integridad física del parlamentario.

La denominada Misión Internacional de veedores de derechos humanos calificó la acción como un proceder dictatorial que avasalla los derechos de los pueblos a ser observados, en un contexto donde la Central Obrera Boliviana realiza consultas individuales con sus sindicatos y organizaciones afiliadas para definir las próximas acciones ante un evidente debilitamiento de las protestas, las cuales cumplen 46 días de actividad en el país.

Tras verse imposibilitada de efectuar una Asamblea Nacional de dirigentes durante el fin de semana, la matriz sindical analiza la factibilidad de aceptar la mediación de diversas instituciones, entre ellas la Iglesia Católica y el Defensor del Pueblo, con el propósito de aperturar una mesa de negociación directa con el Gobierno nacional.

Esta evaluación ocurre en un escenario donde las movilizaciones y los bloqueos de carreteras experimentan un descenso notable, pasando de aproximadamente 86 puntos de obstrucción registrados la semana pasada a poco más de 50 en la actualidad.

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