El hijo del expresidente de derecha Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, fue condenado a cuatro años y dos meses de cárcel por el Tribunal Supremo por coaccionar a la justicia y cometer un grave ataque a la soberanía, ello a partir de sus gestiones ante el Gobierno de EE.UU. para que impusiera medidas restrictivas unilaterales contra Brasil tras la condena judicial a su padre por actos golpistas.

Los cuatro jueces de la Primera Sala del Tribunal Supremo votaron de forma unánime por condenar a Bolsonaro, quien vive desde 2025 en los Estados Unidos y no estuvo presente en la sesión. El fallo conduce de forma automática a la inhabilitación política por ocho años de Bolsonaro. Además, se le impuso una multa de 100 salarios mínimos, equivalente a 162.100 reales (alrededor 31.700 dólares).
La condena se cumpliría en régimen semiabierto.

El juez Alexandre de Moraes, a cargo del caso, explicó que Eduardo Bolsonaro admitió haberse trasladado a EE.UU. el pasado año con el objetivo de gestionar ante la Administración Trump la imposición de sanciones contra los jueces que procesaron a su padre. Por delitos de golpismo y grave atentado a la democracia, el exmandatario Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión.

Durante la audiencia se mostraron videos y declaraciones de Eduardo Bolsonaro explicando cómo hizo lobby en EE.UU. para que se impusieran sanciones a Brasil y a los jueces. Como consecuencia, la Administración Trump aprobó medidas coercitivas contra varias personas y aranceles contra el país.

La defensa de Eduardo Bolsonaro intentó deslindar al acusado de las decisiones tomadas por la Administración Trump, pero los jueces fundamentaron que debido a su coacción resultó perjudicado Brasil y el sistema judicial de la nación.

Más temprano, la Procuraduría General de la República (PGR) acusó penalmente a Bolsonaro por coordinar sistemáticamente presiones políticas de carácter injerencista desde el territorio estadounidense. 

Las investigaciones señalan que su campaña pretendía imponer sanciones internacionales unilaterales contra los ministros de la alta corte y promover medidas de asedio financiero para estrangular la economía del país suramericano. 

El expediente formal por conspiración contra el orden democrático comenzó en mayo de 2025, momento en el cual el imputado ya residía fuera del territorio de su patria, eludiendo la acción directa de la justicia nacional.

Los documentos del órgano fiscalizador confirman que el exlegislador ejecutó estas maniobras desestabilizadoras en complicidad con el comunicador Paulo Figueiredo para captar el respaldo de congresistas y aliados derechistas norteamericanos. 

LEA TAMBIÉN

Policía Federal de Brasil investiga financiamiento de Eduardo Bolsonaro en EE.UU.

Esta red internacional buscaba castigar a las instituciones judiciales soberanas de Brasil para entorpecer las investigaciones penales sobre la asonada golpista del año 2022. La campaña pretendía blindar de impunidad al expresidente Bolsonaro y a la élite militar implicada en el plan antidemocrático que intentó impedir la victoria y juramentación del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

Previo a la sesión de este martes, el juez Alexandre de Moraes rechazó con firmeza las maniobras dilatorias de la defensa para postergar indefinidamente el debate procesal. 

La representación legal pretendía recusar al magistrado argumentando una supuesta animadversión personal, recurso que la máxima instancia judicial calificó de improcedente bajo los reglamentos vigentes.

El procesado, quien perdió definitivamente su investidura en la Cámara de Diputados por ausencias injustificadas, será juzgado en ausencia mediante la representación de un defensor público brasileño. Mientras los partidos de la oligarquía nacional justifican el sabotaje presentándolo como ejercicio de la libertad de expresión, los movimientos populares exigen justicia plena contra los delitos imputados.

De ser hallado culpable de atentar contra la soberanía patria, coacción y abolición del Estado de derecho, el hijo del exmandatario enfrentará penas de prisión efectiva y perderá sus derechos políticos bajo la Ley de Ficha Limpia.

EN ESTA NOTA: