El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil, informó que las audiencias orales celebradas este miércoles seis de mayo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) representan un hito para la patria.

Desde La Haya, el diplomático resaltó la labor del equipo jurídico de primer nivel que bajo la estrategia diseñada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, demostró la verdad histórica sobre la Guayana Esequiba y el no reconocimiento de la jurisdicción de dicha instancia.

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Gil subrayó que el Acuerdo de Ginebra de 1966, refrendado en su momento por el Reino Unido y la naciente Guyana, puso fin a esa sentencia colonial y estableció el mecanismo de negociación directa como la única vía para resolver la disputa.

“Venezuela puede tener la garantía de que se constituido el mejor equipo jurídico para defender los intereses de la patria bolivariana. Hemos visto una documentación excepcional donde se ha desmontado el argumento de Guyana y los elementos que pudiéramos catalogar de falsos y manipulados.” sentenció Yván Gil, Canciller de Venezuela.

Además, el jefe de la diplomacia venezolana hizo un llamado a la comunidad internacional y a la juventud del país para analizar las pruebas presentadas, las cuales calificó de pedagógicas y muy claras.

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Finalmente, reiteró que la postura soberana del Estado venezolano se mantiene firme en la búsqueda de una solución pacífica y diplomática que permita recuperar los derechos territoriales que se intentaron despojar hace 126 años.

En ese sentido Gil sentenció: “Venezuela dejó claro que a través del Acuerdo de Ginebra está dispuesta a trabajar directo, cara a cara, para zanjar definitivamente esta controversia. Lo que viene ahora es lo que siempre hemos dicho: las negociaciones directas con Guyana.”

La nación suramericana dispuso de seis horas para esgrimir sus argumentos históricos ante los 15 jueces de la Corte Internacional de Justicia. La argumentación venezolana se fundamentó en la nulidad absoluta del fallo de 1899, el cual fue dictado en París mientras Venezuela enfrentaba una profunda desestabilización política y social.

La delegación denunció que aquella sentencia despojó al país de 159.000 kilómetros cuadrados de territorio mediante un proceso que no permitió la presencia de agentes venezolanos.

Durante la jornada, el equipo jurídico expuso que el tribunal arbitral del siglo XIX ignoró deliberadamente el principio Uti Possidetis Iuris, (Como poseéis de acuerdo al derecho, así poseeréis) una norma de Derecho Internacional que establece que las nuevas naciones deben conservar los mismos límites territoriales que tenían sus predecesoras (colonias o estados previos) al momento de su independencia.

En ese sentido, la norma ratificaba la soberanía venezolana sobre la Guayana Esequiba desde la independencia en 1811. La defensa de la soberanía nacional venezolana se realizó en dos bloques horarios, el primero de 10:00 a 13:00 y el segundo de 15:00 a 18:00 (hora local), espacios donde se desnudó la ilegalidad del proceso arbitral que dio pie al despojo.

Los representantes venezolanos reafirmaron que la pretensión actual de Guyana, al intentar validar una sentencia viciada de nulidad, constituyó un esfuerzo por restaurar el colonialismo imperial en la región. Con esta intervención, Venezuela ratificó que el mecanismo fraudulento del siglo XIX fue superado por el Acuerdo de Ginebra de 1966, instrumento que obliga a las partes a encontrar una solución política y justa para ambos pueblos.

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