Minneapolis acumula dos muertos en enero por balas federales. Alex Jeffrey Pretti cayó este sábado. Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense, murió el 7 de enero cuando protestaba contra redadas de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La misma ciudad que en 2020 vio asfixiar a George Floyd —detonante del movimiento Black Lives Matter— ahora testimonia cómo la maquinaria de deportación cobra vidas en sus calles.

El vicepresidente JD Vance descargó su respuesta no contra los agentes federales que dispararon, sino contra las autoridades locales. En su mensaje en X, culpó a Minneapolis de generar «caos artificial» en connivencia con «agitadores de extrema izquierda». La retórica es que si mueren personas en operativos federales, la culpa la tienen quienes se oponen a esos operativos. Minneapolis es ciudad santuario desde 2024, junto con Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Chicago, Seattle, Denver, Miami y Washington D.C., jurisdicciones que prohibieron usar recursos municipales para colaborar con autoridades migratorias.

Pero esa designación no detuvo nada. Trump pidió al Congreso eliminar de raíz las ciudades santuario. Su secretaria de prensa, Karoline Leavitt, lo expresó sin rodeos el pasado lunes 26: «de una vez por todas».

Grietas en el bloque

La presión política y social ha comenzado a fracturar consensos. Juan José Gutiérrez, director de la Coalición Derechos Plenos para los Migrantes, reporta que seis demócratas en la Cámara de Representantes se retractaron públicamente de haber votado junto a los republicanos para aprobar el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Aunque el voto es irreversible, su impacto reverbera en el Senado.

Gutiérrez señala que la membresía del Partido Demócrata exige acciones contundentes tras el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses —un hombre y una mujer, ambos de 37 años— a manos de agentes de inmigración y Patrulla Fronteriza, dependencias del DHS.

En la Cámara Alta, senadores republicanos poderosos manifiestan «seria preocupación» por el desorden institucional que se generaliza. Atribuyen este caos a «políticas reaccionarias, antidemocráticas y violatorias de la Constitución» implementadas por la administración. Los senadores demócratas más influyentes amenazan con bloquear el presupuesto del DHS y exigen la destitución inmediata de Kristy Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional.

Bernie Sanders, senador por Vermont y miembro de más alto rango del Comité de Presupuesto del Senado, escribió: «ICE está fuera de control, ignorando la ley y nuestra Constitución. El Congreso debe votar NO a cualquier financiamiento adicional para DHS».

Sanders exige retirar a ICE y CBP de Minnesota y Maine, terminar arrestos sin orden judicial y detenciones basadas en raza o idioma, eliminar la inmunidad calificada para agentes federales, investigar y procesar a todo oficial del DHS que violó la ley. También pide derogar los 75 mil millones para ICE y casi 65 mil millones para CBP para restaurar fondos a salud.

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Entre 2010 y 2020, el 80% de las deportaciones ocurrían en la frontera con México, según estudios de académicos especializados en migración y derechos humanos. Durante la pandemia, ese porcentaje alcanzó el 98% mediante Título 42, herramienta activada tanto por Trump como por Biden para expulsar migrantes de forma expedita.

La lógica era simple: interceptar en el cruce, deportar rápido. Lejos de cámaras, distante de comunidades establecidas. Agentes de Patrulla Fronteriza (CBP) ejecutaban la mayoría de estas operaciones, no ICE.

Pero las llegadas a la frontera registran niveles bajos. La administración Trump prometió deportar un millón de personas en 2025. La solución se encontró redirigiendo recursos hacia el interior del país.

El gran presupuesto

El 4 de julio de 2025, Trump firmó la ley H.R. 1, bautizada como «One Big Beautiful Bill», la misma que refiere Bernie Sanders. El documento asigna 170.7 mil millones de dólares en fondos adicionales para actividades de control migratorio y fronterizo al Departamento de Seguridad Nacional y sus agencias subordinadas, ICE y CBP, además del Departamento de Defensa para operaciones militares en sectores de la frontera sur.

Es una cifra que multiplica por casi seis los 30 mil millones asignados en 2024. De ese monto total, 67 mil millones financian operaciones fronterizas y construcción de muro. Los 75 mil millones restantes —la porción más grande— se destinan a arrestar, detener y deportar personas ya residentes en Estados Unidos.

La ley impulsa cambios drásticos en política migratoria mediante gasto de dólares federales. Como estos fondos llegan por reconciliación presupuestaria y no por el proceso regular de asignaciones, carecen de directivas sobre cómo deben usarse, lo que impide al Congreso realizar supervisión efectiva. Las agencias receptoras tienen hasta el 30 de septiembre de 2029 para gastar el dinero, con amplia discreción para distribuirlo durante los próximos 51 meses.

Una fuerza en expansión

ICE se ha convertido en una fuerza nacional mayor que la mayoría de los departamentos de policía estadounidenses. La meta es llegar a 22 mil agentes. Para acelerar el reclutamiento, se ofrecen bonos de contratación de 50 mil dólares.

Familias con trabajo, hipotecas, hijos en escuelas locales se convirtieron en objetivos prioritarios de esta fuerza en crecimiento.

Entre el año fiscal 2003 y 2024, el Congreso aprobó aproximadamente 24 dólares para ICE y Patrulla Fronteriza por cada dólar asignado al sistema de cortes que maneja solicitudes de asilo, según análisis de especialistas en migración.

La proporción revela prioridades institucionales: inversión masiva en detención y deportación, financiamiento marginal para procesos judiciales migratorios.

Donald Trump advirtió que podría activar la Ley de Insurrección y enviar más tropas federales a Minnesota si las autoridades estatales no logran frenar las protestas contra los #ICE. pic.twitter.com/yuqTyRXUKi

— teleSUR TV (@teleSURtv) January 17, 2026

ICE nació en 2002, producto directo del pánico posterior al 11 de septiembre. Antes no existía. George W. Bush fusionó el Servicio de Aduanas (antes bajo el Departamento del Tesoro) y el Servicio de Inmigración y Naturalización (antes bajo Justicia) dentro del recién creado Departamento de Seguridad Nacional.

Bush justificó la estructura en un discurso de 2002 sobre «enemigos invisibles que pueden atacar con diversas armas». La migración dejó de considerarse fenómeno social o económico para redefinirse como asunto de seguridad nacional.

El DHS agrupa 22 agencias. Tres enfocan migración: Patrulla Fronteriza, ICE y Servicios de Ciudadanía e Inmigración.

No existe razón inherente para situar control migratorio bajo seguridad nacional. Fue decisión política convertir el cruce de fronteras en amenaza existencial.

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???????? Las prácticas violentas y antidemocráticas que el Gobierno de Trump aplica en el exterior terminan reproduciéndose dentro del propio país, tal como ocurrió históricamente con el nazismo, el fascismo y otros imperios, el politólogo Juan Carlos Monedero analiza… pic.twitter.com/g2EbyEUe2E

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Bill Clinton amplió criterios de deportación en 1996 mediante la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de Inmigrantes. Barack Obama deportó más de 3 millones de personas en dos mandatos —le llamaron «Deportador en Jefe»—, aunque el 69% de esas expulsiones sucedieron en la frontera.

Administraciones demócratas y republicanas contribuyeron a escalar presupuestos y expandir capacidades de deportación. Pero la magnitud actual carece de precedentes: militarización masiva en el interior, agentes enmascarados arrastrando padres frente a sus hijos, operativos en escuelas y tribunales.

Antes, las deportaciones resultaban abstractas para la mayoría de estadounidenses. Ocurrían en desiertos remotos, centros de detención distantes, cruces fronterizos que pocos visitarían. Ahora suceden en la esquina. La persona deportada ya no es un desconocido recién llegado. Es el compañero de trabajo, el padre de la amiga de tu hija, quien vende comida los domingos en la plaza. Y cuando alguien protesta —como Renee Nicole Good— un agente federal puede matarle.

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