Bukele ensaya en Haití el modelo que podrían imponer en la región
Más de 2.000 soldados salvadoreños combaten en Haití fuera del mando de la ONU, sin un acuerdo publicado y con el aval de Trump. Junto a los drones de Erik Prince, el despliegue dibuja un modelo de seguridad que varios analistas temen ver repetido en otros países, mientras Bukele afina su campaña por un tercer mandato.
Integrantes de las fuerzas armadas de El Salvador recorren una calle de Puerto Príncipe. Foto: EFE
13 de noviembre de 2026 Hora: 22:22
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El jueves 12 de noviembre, una veintena de blindados del ejército salvadoreño entró al estadio Sylvio Cator, en el centro de Puerto Príncipe, y la Policía Nacional de Haití informó que había recuperado el estadio y sus alrededores, ocupados durante años por las pandillas. El recinto servirá de base a las tropas que Nayib Bukele empezó a desembarcar el 22 de octubre, según la prensa local. Seis días después de aquel primer vuelo, la Cancillería salvadoreña confirmó más de 2.000 soldados en territorio haitiano.
La fuerza multinacional que respalda la ONU contaba, al cumplir un año de mandato, con unos 1.500 efectivos de los 5.550 que autorizó el Consejo de Seguridad, y la misión encabezada por Kenia que la precedió nunca pasó de 991 policías de los 2.500 previstos. La mayoría de los salvadoreños opera fuera de esa fuerza, como confirmó la ONU, que trata el despliegue como un asunto bilateral entre los dos países. Hasta hoy no se publicó ningún documento que fije su mandato, su duración o las reglas con que pueden abrir fuego.
Con más soldados que la ONU y sin un acuerdo conocido, el contingente salvadoreño deja abierta una cuestión que excede a Haití. Está en juego quién puede autorizar a un ejército extranjero a hacer la guerra en un país que lleva diez años sin elegir a nadie, y ante quién responderá ese ejército si se equivoca. La respuesta importa en toda la región, porque el modelo de seguridad de Bukele, que ya se copia en cárceles de media América Latina, tiene en Haití su primera prueba fuera de casa.
El permiso
Hasta el 18 de octubre, El Salvador tenía en Haití un centenar de militares, casi todos técnicos de aviación dedicados a evacuaciones médicas, bajo un acuerdo que los embajadores de los dos países firmaron ante la OEA en octubre de 2024. El 29 de septiembre pasado, la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó una ley transitoria que prolongó un año esa participación y dejó escrita una cláusula según la cual el país conserva la jurisdicción sobre sus militares y no puede entregarlos a tribunales internacionales ni a terceros Estados sin cumplir los tratados que ratificó.
Cuatro de aquellos técnicos desaparecieron el 18 de octubre, cuando una banda emboscó su vehículo en Santo, al noreste de la capital. Los primeros comandos aterrizaron el 22, y el 27, con unos 1.300 soldados ya en tierra, Bukele llamó a Donald Trump para pedirle respaldo a la escalada. Trump le respondió que hiciera lo que tuviera que hacer. El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, asistía a una boda en México, y al volver, el 28, difundió un comunicado que hablaba de cooperación «en el marco de la GSF». Según fuentes citadas por la prensa estadounidense, su gobierno aprobó ese día un acuerdo bilateral cuyo texto no se conoce. En la misma jornada, el Consejo Electoral Provisional fijó para el 18 de julio de 2027 la primera vuelta de unas elecciones aplazadas dos veces en el año.
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En Puerto Príncipe, el secretario de Estado de Comunicación, Lucien Jura, negó que exista un acuerdo y aseguró que todas las tropas extranjeras actúan bajo los auspicios de la GSF, algo que una fuente cercana a esa fuerza desmintió al precisar que solo entre 200 y 300 salvadoreños dependen de su mando. En Madrid, durante la Cumbre Iberoamericana del 5 de noviembre, el vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa negó que se tratara de una ocupación. «Es un arreglo bilateral con las autoridades haitianas», dijo. En San Salvador, Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero de la Universidad Centroamericana (UCA), llamó a esas tropas «la fuerza de ocupación de Bukele». Amnistía Internacional pidió a ambos gobiernos que publiquen el acuerdo y las reglas de uso de la fuerza.
Consentimiento sin urnas
El derecho internacional admite que un Estado envíe tropas a otro si este lo invita, y la Corte Internacional de Justicia lo reconoció en 1986, en el caso de Nicaragua contra Estados Unidos. La doctrina pone condiciones a esa invitación, que debe provenir del gobierno reconocido como legítimo, ser expresa y llegar antes de que las tropas crucen la frontera. En Haití los primeros soldados aterrizaron el 22 de octubre y el acuerdo, si existe, se aprobó seis días después, firmado por un gobierno que no salió de ninguna elección y sin un Parlamento que pudiera ratificarlo.
Para el especialista haitiano en seguridad y defensa Emmanuel Paul, ese vacío convierte el despliegue en «una violación flagrante de la soberanía de Haití», porque un acuerdo así debería pasar por un Parlamento que no existe, firmado por un Ejecutivo sin presidente desde el asesinato de Jovenel Moïse en julio de 2021. El semanario haitiano Haïti Liberté fue más lejos y sostuvo que el consentimiento era imposible de obtener de un primer ministro que gobierna por decreto.
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Fils-Aimé, a cargo del Ejecutivo desde que el Consejo Presidencial de Transición se disolvió el 7 de febrero, defendió la operación el 3 de noviembre con un coronel salvadoreño a su lado. Dijo que Haití conserva la dirección de todas las fuerzas extranjeras y que los salvadoreños «están aquí para apoyarnos». Cuando le preguntaron ante quién responden esas tropas, no lo precisó y contestó que los únicos que actúan al margen del derecho internacional son las pandillas.
Por la ley salvadoreña de septiembre, si un soldado comete un abuso en Croix-des-Bouquets, solo un tribunal de El Salvador podrá juzgarlo. La ONU tampoco puede vigilarlo, porque los salvadoreños que operan fuera de la GSF quedan fuera de la política de diligencia debida en derechos humanos que el organismo aplica a esa fuerza. El sistema judicial que tendría la última palabra compareció el 26 de octubre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Panamá, donde la organización Cristosal documentó 454 muertes de personas bajo custodia del Estado salvadoreño desde 2022, entre ellas 33 mujeres, tres niñas y un niño.
Haití votó por última vez el 20 de noviembre de 2016, y desde entonces asesinaron a Moïse, los últimos diez senadores dejaron sus bancas en enero de 2023 y gobierna un primer ministro designado. Para la primera vuelta de julio figuran inscritos 759.257 electores, en un país con unos 6,5 millones de personas en edad de votar.
Desde adentro
En Haití, buena parte de la gente recibió a los salvadoreños con aplausos, y en Puerto Príncipe hubo multitudes que corearon el nombre de Bukele. Pierre Espérance, director de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), celebró la rapidez del despliegue y dijo esperar que frene el terror de las bandas, con una condición. «No todos los que viven en zonas controladas por pandillas son pandilleros», advirtió. La activista Monique Clesca le reconoce a Bukele haber hablado con los haitianos más que sus propios dirigentes, y le recuerda que Haití no es su patio trasero.
Jocelyne Noël, directora nacional de la Comisión Episcopal Justicia y Paz (CE-JILAP), reprocha a las autoridades haitianas que no asuman sus responsabilidades. «La población está abandonada en todo lo que está pasando», dijo en una entrevista reciente. En la llanura del Cul-de-Sac, donde mandan las bandas 400 Mawozo y Chen Mechan, las operaciones de seguridad mataron al menos a 21 personas solo en Croix-des-Bouquets entre el 18 de octubre y el 2 de noviembre, según el observatorio de conflictos ACLED, en un distrito que había registrado 98 muertes en enfrentamientos armados en lo que va del año.
Médicos Sin Fronteras atendió unos 30 heridos de bala y de explosiones en los ocho días que siguieron a la emboscada, casi un tercio mujeres y niños, una cantidad que en tiempos normales sus hospitales reciben en un mes. Los drones de la fuerza de tarea haitiana, operados con apoyo de Vectus Global, la empresa de Erik Prince, fundador de Blackwater, ya cargaban con más de 1.200 muertes en un año, según Human Rights Watch. Diego Da Rin, analista de International Crisis Group, advierte que la búsqueda salvadoreña de victorias rápidas y simbólicas «supone enormes riesgos para los civiles» y podría empujar a bandas rivales a aliarse, como ya ocurrió antes.
La OEA, 1965
América Latina ya vio una vez a ejércitos de la región desplegarse con el respaldo de Washington en un país del Caribe. En mayo de 1965, después de que más de 40.000 soldados estadounidenses desembarcaran en República Dominicana para frenar el levantamiento constitucionalista que reclamaba el regreso de Juan Bosch, la OEA aprobó con 14 votos la creación de una Fuerza Interamericana de Paz. El Salvador y Haití votaron a favor. México, Uruguay, Chile y Perú votaron en contra y Venezuela se abstuvo.
Brasil, entonces bajo la dictadura de Castelo Branco, mandó 1.130 soldados, Honduras aportó 250, el Paraguay de Stroessner 184 y la Nicaragua de Somoza 160; El Salvador envió tres oficiales de Estado Mayor. En 2004, Brasil asumió el mando militar de la Minustah en Haití, misión de la ONU que dejó una epidemia de cólera, introducida por cascos azules nepaleses, que mató a más de 10.000 personas. En 1965 hubo una resolución de la OEA y en 2004 una del Consejo de Seguridad. La operación salvadoreña no tiene ninguna de las dos.
En los años ochenta, Estados Unidos formó y entrenó batallones de élite del ejército que hoy patrulla Puerto Príncipe, entre ellos el Atlacatl, al que la Comisión de la Verdad de la ONU atribuyó en 1993 la masacre de El Mozote, cometida en diciembre de 1981. Pablo Parada, excomandante del FMLN, recuerda que las maras salvadoreñas huyeron en masa sin presentar batalla cuando arrancó el régimen de excepción, en 2022, y que las bandas haitianas, con hasta 500.000 armas ilegales según la ONU, son otra cosa. «Nuestro ejército no está preparado para el combate urbano», dijo.
Aliados y silencios
Luis Abinader, presidente de República Dominicana, dijo el 10 de noviembre que su gobierno colabora con Bukele con logística e inteligencia y pidió a la GSF coordinarse con las tropas salvadoreñas. Colombia ayudó a trasladarlas y el Comando Sur de Estados Unidos aportó aviones C-130. El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, se solidarizó con El Salvador y reclamó medidas más decisivas contra las pandillas.
De la Caricom y la CELAC no se conoce un pronunciamiento sobre el despliegue. El presidente de turno de la Caricom, el primer ministro de Santa Lucía, Phillip J. Pierre, defendió el 22 de octubre la fuerza de la ONU con el argumento de que Haití se desangra, y en septiembre los Estados de la OEA pidieron reforzar la coordinación entre Haití, la ONU y la Caricom. Ambos bloques prefirieron hasta ahora hablar de Haití por esos canales multilaterales antes que pronunciarse sobre una operación que Puerto Príncipe y San Salvador presentan como bilateral. Desde la sociedad civil, la red ALBA Movimientos rechazó la operación como una violación de la soberanía haitiana.
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Marco Rubio, el secretario de Estado, afirmó que su gobierno no participa activamente en la operación. El 4 de noviembre, sin embargo, el encargado de negocios estadounidense en Puerto Príncipe pidió frenar las acciones salvadoreñas, y al día siguiente la embajada en San Salvador envió una protesta formal que mencionaba disparos de armas salvadoreñas contra la sede diplomática en Haití. Bukele acusó al diplomático de mentir y le contó a una persona de su entorno que ya lo había consultado con Trump.
Romain Le Cour Grandmaison, de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, describe un reparto de tareas en el que Bukele pone los soldados, Prince los drones y ambos actúan por cuenta de Trump sin que Estados Unidos figure en la operación. Teme que Haití se convierta en el banco de pruebas de ese modelo, que tendría un marco disponible en el Escudo de las Américas, firmado por Washington y 14 gobiernos de la región, entre ellos El Salvador, Colombia y República Dominicana. En agosto, el Comando Sur armó con esos socios una fuerza operativa a la que su jefe, el general Francis Donovan, llamó «el brazo ejecutor» del comando. Haití no figura entre los miembros.
Un relevamiento de InSight Crime contó 16 proyectos de cárceles en 10 países inspirados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) salvadoreño. Costa Rica inauguró en octubre una megacárcel para 5.100 reos cuya primera piedra colocó el propio Bukele en enero, y en Perú Keiko Fujimori ofreció cinco cárceles de ese tipo y en Colombia Abelardo de la Espriella, diez.
Febrero en San Salvador
En marzo de 2024, Bukele escribió que podía arreglar la crisis de Haití si el Consejo de Seguridad lo autorizaba, el gobierno haitiano lo pedía y alguien cubría los costos. Dos años y medio después llegó sin la primera de esas condiciones. Cardenal cree que Bukele quiere demostrar que su liderazgo tiene proyección latinoamericana, y el antropólogo salvadoreño Juan José Martínez d’Aubuisson, que investiga las pandillas de la región, añade que eligió un país donde nadie puede verificar si los muertos que anuncia eran jefes de pandillas.
El presidente buscará en febrero de 2027 un tercer mandato consecutivo, después de que la Asamblea, controlada por su partido, aprobara la reelección indefinida y adelantara los comicios previstos para 2029. El estratega de comunicación Roberto Dubon ve en Haití una campaña electoral que presenta a Bukele como un superhéroe y un terreno de prueba para aplicar sus políticas fuera del país. Para el consultor en seguridad Luis Enrique Amaya, el mandatario necesita ese éxito con una economía que crece despacio. Bukele asegura que El Salvador paga el 90 % de la misión, aunque no reveló el total, y el economista Carlos Acevedo sospecha que Washington cubre buena parte de la logística en un país donde la pobreza extrema subió del 4,5 % al 7,67 % de los hogares entre 2019 y 2025.
El lunes 16, Fils-Aimé viajará a San Salvador para asistir a una conferencia internacional sobre democracia y discutir el futuro de las tropas. Tiziano Breda, analista de ACLED, prevé que Bukele busque golpes de efecto rápidos antes de replegarse. El mandato de la GSF vence el 31 de marzo y la misión política de la ONU se renueva en enero. Ningún documento público dice todavía cuánto tiempo se quedarán los más de 2.000 soldados ni ante quién responderán si algo sale mal.
Autor: teleSUR: Daniel Ruiz Bracamonte
Fuente: teleSUR
