El Salvador tiene la mayor tasa de encarcelamiento del mundo. Su población penitenciaria, estimada entre 110.000 y 115.000 personas, es el resultado de una política de seguridad centrada en la detención masiva y la aplicación del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, no de programas sociales.

La «política de seguridad» determina las prioridades presupuestarias. Mientras el gasto destinado a Defensa Nacional acumuló un incremento superior al 145 por ciento y el de Seguridad Pública creció cerca de 65 por ciento, áreas vinculadas al desarrollo social, responsable de prevenir y sumar, han perdido peso relativo.

Educación se ha mantenido alrededor del 3,5 al 3,6 por ciento del PIB, mientras que en Salud se han aplicado ajustes operativos orientados a contener el gasto corriente. Parte de este reordenamiento también se produjo mediante la centralización de recursos municipales, incluida una reducción del 85 por ciento en las transferencias del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES) y el traslado de la ejecución de obras hacia la Dirección de Obras Municipales, además de recortes en el Órgano Judicial y organismos descentralizados.

El argumento económico a favor de esta transformación parte del elevado costo que representaba la violencia antes de la actual política de seguridad. Estimaciones del BID situaban ese impacto entre el 15 y el 19 por ciento del PIB, al considerar gastos de seguridad privada, extorsiones, atención sanitaria derivada de lesiones y homicidios y pérdidas de productividad.

Informes del Socorro Jurídico Humanitario señalan que una parte de los gastos relacionados con la manutención de las personas encarceladas ha terminado trasladándose a sus familias. La compra de alimentos y otros insumos básicos para los reclusos supone una carga particularmente significativa para hogares de bajos ingresos y recae, en buena medida, sobre las mujeres.

Según esta organización, estos desembolsos pueden llegar a representar hasta el 70 por ciento de un salario mínimo rural. A ello se suma la denuncia de que entre el 12 y el 15 por ciento de las personas detenidas bajo el Régimen de Excepción no tienen vínculos demostrables con estructuras de delincuencia organizada.

El deterioro de las condiciones económicas también aparece reflejado en los indicadores de pobreza. De acuerdo con los datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM 2019–2023/2024) y los análisis del Banco Mundial, el incremento acumulado de más del 25 por ciento en el precio de la canasta básica alimentaria, combinado con el estancamiento del empleo formal y una informalidad cercana al 70%, coincidió con un aumento de la pobreza extrema, que pasó del 4,5% en 2019 al 8,6%.

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Aunque la delincuencia ha dejado de ocupar el primer lugar entre los problemas que más inquietan a la población, esta ha sido desplazada por cuestiones relacionadas con la economía, como el costo de vida, el desempleo, la inflación y la pobreza.

Encuestas del Iudop-UCA y LPG Datos realizadas en junio de 2026 sitúan estos factores económicos como la principal preocupación para el 70,7% de los ciudadanos. Al mismo tiempo, el combate contra la delincuencia continúa siendo identificado como uno de los principales logros de la gestión gubernamental, en un contexto en el que el presidente Nayib Bukele conserva niveles de aprobación superiores al 85%.

Sin embargo, la política de seguridad no ha estado exenta de cuestionamientos relacionados con el ejercicio del poder. Medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos, activistas y sectores de la oposición han denunciado que el discurso oficial tiende a presentar las posiciones críticas al Gobierno como una defensa de las organizaciones criminales.

Esta asociación entre oposición política y delincuencia no solo deslegitima las voces críticas, sino que estrecha el espacio para la confrontación democrática y aumenta la persecusión sobre quienes cuestionan las políticas oficiales.

Régimen de Excepción como herramienta de control y represión de las voces críticas

La prolongación del régimen de excepción ha tenido consecuencias que trascienden el combate contra las estructuras criminales y afectan directamente el ejercicio de la oposición y la participación ciudadana.

La suspensión sostenida de garantías constitucionales ha permitido mantener un esquema en el que pueden producirse detenciones sin una orden judicial previa, mientras la reserva de determinadas actuaciones judiciales dificulta el acceso a información sobre los procesos.

En este escenario, el temor a ser detenido también ha reducido la capacidad de dirigentes comunitarios y organizaciones de base para desarrollar trabajo territorial y ejercer una oposición activa.

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A estas restricciones se suman los cuestionamientos sobre la independencia del Órgano Judicial y de la Sala de lo Constitucional. Ante el riesgo de sufrir capturas arbitrarias y la falta de garantías para afrontar procesos judiciales imparciales, decenas de dirigentes políticos, exlegisladores y excandidatos han abandonado el país y buscado refugio en EE.UU., Costa Rica y distintos países europeos.

El debilitamiento de los partidos políticos como espacios de representación y control institucional ha dejado buena parte de la fiscalización del Gobierno en manos de medios independientes y organizaciones de la sociedad civil.

Publicaciones digitales como El Faro, Revista Factum y GatoEncerrado han asumido un papel central en la investigación de irregularidades financieras, acuerdos mantenidos en secreto y denuncias sobre vulneraciones de derechos humanos.

La presión ejercida contra estos medios también ha evidenciado los límites del espacio para el periodismo crítico: El Faro trasladó su redacción a Costa Rica en 2023 después de denunciar amenazas. En paralelo, organizaciones como Cristosal, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos han documentado denuncias de detenciones arbitrarias, muertes bajo custodia estatal y otros presuntos abusos de poder. Su actividad ha cobrado mayor relevancia en un contexto en el que los ciudadanos encuentran cada vez menos canales institucionales para trasladar sus denuncias y exigir responsabilidades.

El descontento generado por las detenciones también ha encontrado una vía de expresión fuera de las estructuras partidarias. En ese escenario surgió el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), integrado principalmente por familiares de personas encarceladas que sostienen que sus allegados no tenían antecedentes penales ni nexos con organizaciones criminales.

El colectivo se ha mantenido como uno de los escasos espacios de protesta pública que todavía logra convocar marchas y concentraciones en San Salvador, llevando a las calles las denuncias de quienes cuestionan el uso del Régimen de Excepción y reclaman la revisión de los casos de sus familiares.

Sus protestas ponen en primer plano a quienes quedaron fuera del relato oficial de la política de seguridad: familiares que reclaman la revisión de los casos, cuestionan las detenciones y denuncian los costos humanos de un régimen de excepción que se ha prolongado durante años.

Muertes, detenciones arbitrarias y abusos bajo el Régimen de Excepción

El alcance de la política de seguridad impulsada por Nayib Bukele también queda reflejado en las denuncias sobre violaciones de derechos humanos dentro del sistema penitenciario. Amnistía Internacional ha documentado al menos 470 muertes de personas detenidas en prisión, mientras que más de 140 investigaciones por fallecimientos bajo custodia han sido archivadas por la Fiscalía General bajo argumentos como la inexistencia de delito o la atribución de las muertes a causas naturales.

La falta de acceso público a los expedientes dificulta, además, conocer las circunstancias en las que se produjeron estos fallecimientos y determinar si existió una adecuada investigación de cada caso.

A estas denuncias se suman más de 10.000 casos documentados por organizaciones de la sociedad civil que señalan detenciones arbitrarias. Entre las prácticas denunciadas figuran arrestos sustentados en acusaciones anónimas, objetivos diarios de detenciones asignados a cuerpos policiales y criterios que, por sí solos, no deberían determinar la responsabilidad penal de una persona, como tener tatuajes o vivir en comunidades que anteriormente estuvieron bajo control de pandillas.

También se han reportado casos de desaparición forzada temporal, en los que durante meses las familias desconocen el paradero de sus allegados, su estado de salud o incluso el centro penitenciario donde permanecen recluidos. A ello se añade el hacinamiento extremo: algunos centros de detención han llegado a superar el 300% de sobrepoblación.

La propia liberación posterior de miles de personas evidencia otra de las dimensiones del problema. Entre 7.000 y 8.000 detenidos han recuperado la libertad, en muchos casos después de permanecer meses o incluso años en prisión preventiva y sin haber comparecido individualmente ante un juez.

El hecho de que miles de personas hayan sido liberadas tras descartarse sus vínculos con pandillas plantea cuestionamientos sobre los criterios utilizados para efectuar las capturas y sobre las garantías judiciales con las que fueron procesadas. De este modo, el Régimen de Excepción no solo ha ampliado de forma extraordinaria la capacidad del Estado para detener, sino que también ha dejado tras de sí un elevado número de denuncias sobre muertes bajo custodia, privaciones de libertad sin sustento y personas encarceladas durante largos periodos sin una revisión judicial efectiva.

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